Javier MartínTras más de cinco años de crisis económica, el actual sistema tributario español ha sido puesto en duda en numerosas ocasiones por parte de instancias nacionales y europeas. Ocurre lo mismo con el modelo de financiación autonómica, cuya regulación deberá ser reformada, por imposición legal, antes de 2014. Además, ese mismo año está previsto que se celebre la consulta de autodeterminación en Cataluña, motivada, en gran parte, por reivindicaciones relacionadas con el actual modelo actual de financiación de las Comunidades Autónomas.

De todo ello hablamos con Javier Martín, socio director del despacho F&J Abogados -con oficinas en Madrid, Córdoba y Málaga-, profesor titular de derecho financiero y tributario de la Universidad Complutense de Madrid y autor de numerosos libros sobre la materia. Este experto también ha sido vocal de la Comisión permanente del Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministerio de Economía y Hacienda y ha formado parte de las dos Comisiones para la reforma de la Ley General Tributaria, financiación de las Comunidades Autónomas y financiación de las Haciendas Locales, nombradas por el Ministerio de Economía y Hacienda.

El Gobierno ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de reformar el actual sistema tributario. ¿Qué modificaciones considera que serían prioritarias?

Es preciso una visión de conjunto de los tributos estatales, autonómicos y locales, pues muchos de ellos están interrelacionados. En la imposición personal hay que hacer converger el IRPF con el Impuesto sobre Sociedades, tomar una decisión definitiva con esa caduca figura que es el Impuesto sobre el Patrimonio y plantearse si tiene sentido el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones hay que eliminar la competencia fiscal desleal entre Comunidades, fijando límites mínimos en todo el territorio nacional.

En la imposición indirecta hay margen de maniobra sobre la aplicación de los tipos reducidos en el IVA y que tanto molestan en Bruselas, así como tener presente que la última subida ha hecho desaparecer, prácticamente, el mercado del arte contemporáneo español. Estamos aún lejos de nuestros socios europeos en lo que se refiere a la carga tributaria de los Impuestos Especiales y es preciso eliminar los múltiples conflictos que plantea el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando una operación inmobiliaria no queda sujeta al IVA. Por último, no pueden mantenerse los actuales tributos locales, pues son figuras inelásticas y de arcaica regulación.

¿Fue buena idea subir el IVA?

Lo cierto es que la medida vino impuesta por nuestros compromisos ante la UE y ante los que poco o, más bien nada, podía decir nuestro país. Debido a la situación económica, parece que esta solución era la única posible, pues incrementar sustancialmente la imposición directa -IRPF e Impuesto sobre Sociedades- desincentiva más la inversión, sobre todo la empresarial.

Usted asegura en un artículo publicado recientemente que deberían ensancharse las bases tributarias, como en el Impuesto sobre Sociedades. ¿Considera justificadas las reticencias del Ejecutivo para hacerlo?

Todas las medidas aprobadas en los últimos meses son necesarias a corto plazo y no son más que un reconocimiento de que este tributo es tremendamente injusto, regresivo e ineficiente, con tipos nominales muy altos y unos tipos efectivos superiores para las pymes que para las empresas acogidas a régimen general. Por tanto, la reforma en este tributo pasa por hacerlo más transparente y competitivo, igualar los tipos nominales a los efectivos y conseguir que estos últimos sean más reducidos para las pequeñas empresas. Además, bajar su carga tributaria supone no sólo incentivar el empleo y la inversión, así como evitar la deslocalización de nuestras empresas, sino, también, reducir la tributación global de las rentas empresariales.

¿Cómo cree que ha afectado el actual sistema tributario en el desarrollo de la crisis económica? ¿Cómo podría contribuir en su recuperación?

Ante una situación de déficit como la actual sólo caben tres tipos de medidas complementarias entre sí: incremento de la presión tributaria, reducción del gasto público o acudir a la deuda. Todas ellas están siendo tomadas por el actual Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Sin embargo, no debe descartarse, si la mejora económica se confirma, la reducción de la carga tributaria que soportan los ciudadanos para reactivar la economía y crear empleo.

¿Cree que el diseño actual de financiación de las CCAA resuelve de forma efectiva las necesidades planteadas? 

En mi opinión el modelo cumple con los principios básicos predicables de un sistema de federalismo fiscal. En primer lugar, incentiva la corresponsabilidad fiscal, al hacer depender buena parte del modelo de los recursos tributarios de las Comunidades, que no son otros que los tributos cedidos básicamente. En segundo lugar, garantiza la suficiencia financiera de los territorios, de forma muy acusada cuando se trata de los servicios esenciales –sanidad, educación y servicios sociales- y en menor proporción para los restantes. Por último, contiene instrumentos de solidaridad y convergencia entre las diferentes Comunidades, a través de los fondos de competitividad y cooperación.

¿Sería viable llevar a cabo una reforma del actual modelo tomando como ejemplo el modelo vigente en Alemania, basado en el sistema de compensación financiera interterritorial?

En nuestro país el sistema autonómico se basa, según nuestra Constitución, en el principio de solidaridad. En palabras del Tribunal Constitucional, se trata de un principio que constituye “un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la Nación española”. Por tanto, exige equilibrar las fuentes de recursos de las distintas Comunidades, colaborando todas ellas y el Estado a este fin. De aquí que ninguna Comunidad puede blindarse, frente a las demás o el propio Estado, limitando considerablemente sus aportaciones, pues se conculcaría el citado principio. Además, una exigencia del mismo es la nivelación. Es decir, conseguir un nivel de prestación de servicios similar en todo el territorio nacional y, de forma paralela, al mismo coste para sus ciudadanos.

De forma similar, el modelo alemán se caracteriza por un doble mecanismo de compensaciones. De un lado, desde el Estado central a los Länder (ya sea general o para actuaciones específicas) y, de otro, entre ellos entre sí (siempre que no se produzca un debilitamiento financiero del que entrega). Ambas compensaciones garantizan que todos los Länder alcancen el 95 por 100 de la capacidad financiera media, garantizando la solidaridad entre ellos y sin que, a consecuencia de las mismas, se altere su orden.

El diseño de la financiación autonómica se ha convertido en uno de los argumentos centrales de movimientos como el independentismo catalán. ¿Considera justificados sus argumentos?

Sin duda la respuesta ha de ser negativa. No existe un concepto de “déficit fiscal” en nuestro ordenamiento financiero. Haciendo un alarde de imaginación cabe entender por el mismo la diferencia entre lo recaudado por todos los tributos en una Comunidad y el gasto imputable exclusivamente a la misma.

Tampoco cabe imponer un límite a la solidaridad, pues ello es incompatible con nuestra Constitución. Incorporar una limitación de las aportaciones de unas Comunidades a otras más desfavorecidas supondría que la nivelación sólo podría ser asegurada por el Estado.

En definitiva, se pretende incorporar al sistema de financiación autonómica un modelo de “cupo limitado”, acercándose al vigente en el País Vasco y Navarra que, como es bien sabido, responde a una previsión expresa de la disposición adicional primera de nuestra Constitución, como una especialidad de los regímenes forales.

En otro orden de cosas, usted combina el ejercicio de la abogacía junto con la docencia y un extenso listado de cargos. Es Presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, Patrono de la Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros, Presidente de la Fundación Bodegas Campos… ¿Cómo compagina tantas actividades? ¿De cuál se siente especialmente orgulloso?

Pienso que los profesionales debemos devolver a la sociedad parte de lo mucho y bueno que nos ha dado. Y, para ello, nada mejor que participar en actividades que redunden en su beneficio. Ahora bien, siempre en aquéllas donde podamos aportar conocimientos relacionados con nuestra actividad. En mi caso y, por ejemplo, las Presidencias del Consejo Regulador o de la Fundación Bodegas Campos y, por tanto, de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, responden a mi asesoramiento a empresas del sector agroalimentario. En caso de la Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros a mi especialidad en Derecho Financiero y Tributario.

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