Convocados por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa Torner, el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich Rosell y la entidad ZeroComa, se han reunido en la sede de los Economistas, setenta magistrados y economistas, para analizar el proceso de implantación de la factura electrónica en el mundo judicial, en las Administraciones Públicas y en las empresas.

Han resaltado la importancia del marco legal en el que se encuentra la factura electrónica en nuestro país, sus ventajas en el ahorro de costes de emisión, envío y almacenamiento y, han recordado que a partir del próximo 30 de octubre, todas las facturas con el Sector Público deberán ser electrónicas.

En el acto, también han participado, Nuria Orellana Cano, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Cádiz, Santiago Segarra, Leader de Ibdt para el sector público de IBM, Salvador Vilata Menadas, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valencia, Alejandro Allende, Director de Desarrollo de Negocio de Zerocoma, Raimon Casanellas, Presidente del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de Economistas y el abogado, Eduardo Sanz Herranz.

Valentí Pich ha destacado el papel de las Administraciones Públicas en la implantación de la sociedad de la información y en concreto ha aludido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, como referentes mundiales en el desarrollo de la tecnología informática, que han jugado un importante papel de “arrastre” para extender el uso de las nuevas tecnologías en las empresas, incluyendo las pymes y micropymes.

El reto de la aceptación social de la factura electrónica, dependerá, tanto de las iniciativas que tomen las Administraciones Públicas y las grandes compañías. No obstante, el éxito de su implantación, dependerá de la integración de las mismas en los procesos informáticos de las compañías, su correcta planificación y asesoramiento profesional específico.

Como conclusión fundamental, cabe destacar que tanto la facturación electrónica emitida como la facturación recibida en papel convertida en electrónica a través de la digitalización certificada, son documentos totalmente válidos desde el punto de vista procesal.

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