Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre «la falta de equiparación» entre las más de 500 mujeres en «riesgo alto o extremo» y las 369 pulseras GPS activadas, que, según él, dependen de «la valoración de las sedes judiciales».

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha señalado que «cualquiera que piense con un mínimo de sentido común» verá como «evidente» que, «cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas». Asimismo, ha indicado que afirmaciones como las de Lorente «no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos».

«Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso», ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como «demagógicas», ya que «contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones», además de «poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles».

Ha señalado que «no se puede pretender que, sobre la base de cualquier tipo de denuncia, esa medida se adopte sin más», puesto que, «como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justificaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen».

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha coincidido en apuntar que «los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación» y ha afirmado que «los jueces valoran en función de informes» y, por lo tanto, «han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento». De esta forma, ha concluido que «si faltan más, corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen».

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