Las asociaciones de jueces y fiscales siguen planteándose la posibilidad de hacer huelga como rechazo a la gestión llevada a cabo por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Está previsto que la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales (integrada por las siete asociaciones existentes) se reúna esta semana para acordar la hoja de ruta de forma consenuada. Ambos colectivos se han posicionado claramente en contra de la mayor parte de medidas aprobadas desde la llegada al Gobierno de Gallardón, como la ley de tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la rebaja de jueces sustitutos o la reducción de los días de permiso de los magistrados.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, manifestó la pasada semana en declaraciones recogidas por el CGAE: “Desde luego no descartamos la huelga. Creemos que hay motivos para la protesta en el ámbito judicial y que el ministro está realizando una gestión muy desafortunada, nada dialogante, que va a empeorar gravemente los problemas de la Justicia”. Bosch aseguró que «hay motivos para incrementar las protestas” y explicó: “Se han cruzado todas las líneas rojas que dijimos que no aceptaríamos. Se ha aprobado la reforma de la ley orgánica del poder judicial y se ha presentado el proyecto para modificar el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí vamos a tener que valorar qué respuesta damos”.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tampoco ha descartado la huelga dadas las medidas que está adoptado el Gobierno, “contrarias”, a su juicio, a sus promesas electorales. Sin embargo, su portavoz, María Teresa Sáez, matizó que “la huelga sería como la última medida, la más drástica, ya al final cuando veamos que no se puede hacer nada». Sáez insistió en que aunque no rechazan del todo esta medida, no la ven “clara” y son partidarios de llevar a cabo antes otro tipo de acciones, como por ejemplo, “empezar explicando a la ciudadanía la trascendencia que tiene la reforma del Consejo General del Poder Judicial”. Además, Sáez denunció que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre para reformar el CGPJ “supone la desaparición total de la independencia del Consejo” y su “absoluta politización”. “En lugar de hacer una reforma que evite la politización va a aumentarla. Será absoluta y definitiva”, remarcó.

Quienes sí tienen clara la necesidad de convocar una huelga son los integrantes del Foro Judicial Independiente (FJI). «Nuestra idea es clarísima», confirmó su portavoz, Ángel Dolado. “Todos los números desde el punto de vista de la asociación Foro Judicial Independiente apuntan claramente a la huelga”, insistió, para criticar que por parte del Gobierno “no ven ninguna vía de negociación abierta”. “No nos va a quedar más remedio que adoptar este tipo de medidas”, añadió.

La Comisión Interasociativa está integrada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

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