Por Ricardo García, Director de Laboral de Lupicinio Abogados.

A finales de octubre se publicó el Real Decreto 1483/2012 en el que se establece la nueva reglamentación para los despidos colectivos de empresas públicas e instituciones privadas. Su objetivo: simplificar dichos procedimientos sin que sea necesario para ello una autorización administrativa, tal y como venía ocurriendo hasta la fecha. Ahora, la figura de la autoridad laboral no se define como un organismo con capacidad para decidir si el despido colectivo se lleva a cabo o no, sino como el “garante de la legalidad del procedimiento”.

Como novedad, el reglamento detalla la documentación a aportar para cada una de las causas que se aleguen como justificativas del ERE. En este sentido, cuando la causa económica alegada sea la disminución de ingresos y/o ventas, la empresa deberá aportar la documentación fiscal o contable que acredite dicha disminución durante tres trimestres consecutivos y para los tres trimestres del ejercicio anterior que sirvan como referencia. Todas las causas alegadas llevarán una memoria explicativa y un informe técnico que justifiquen las medidas extintivas.

El Real Decreto desarrolla las medidas sociales de acompañamiento y el plan de recolocación externa exigido a las empresas. Entre dichas medidas, tendentes a evitar o reducir los despidos colectivos, destacarían la recolocación interna de los trabajadores (en la misma empresa u otra del grupo), la movilidad funcional o geográfica y las acciones formativas para trabajadores. Por su parte, el plan de recolocación incluirá medidas efectivas adecuadas a su finalidad en la puesta en contacto de las ofertas de trabajo existentes en otras empresas; orientación profesional destinada a la identificación del perfil profesional de los trabajadores para la cobertura de puestos de trabajo en las posibles empresas destinatarias de la recolocación; formación profesional dirigida a la capacitación de los trabajadores para el desempeño de las actividades laborales en dichas empresas; y atención personalizada destinada al asesoramiento de los trabajadores respecto de todos los aspectos relacionados con su recolocación y búsqueda activa de empleo.

Otro aspecto importante es el informe de la Inspección de Trabajo. Una vez que se traslada a la autoridad laboral la decisión final del período de consultas (con o sin acuerdo), ésta comunica la decisión a la Inspección de Trabajo para que emita un informe que dictamine si se ha cumplido con todo lo dispuesto en el reglamento tanto en relación a la documentación aportada como al procedimiento. Este informe tendrá su utilidad en el supuesto de que los trabajadores afectados decidan impugnar la decisión extintiva de la empresa.

En este tipo de procedimientos la autoridad laboral se limitará a constatar la existencia de la causa alegada para el despido colectivo. Sin embargo, no será necesaria su previa autorización.

Ya por último, el Reglamento desarrolla el procedimiento en el ámbito de las Administraciones Públicas fijando los límites cuantitativos y cualitativos del despido colectivo. Destaca la definición de las causas económicas y la documentación acreditativa de las mismas. Se entiende como causa económica una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente (durante tres trimestres consecutivos) para la financiación de los servicios públicos. Para acreditar dicha insuficiencia (i) debe existir déficit presupuestario en la administración pública en la que se integre el organismo afectado y (ii) los créditos, transferencias y aportaciones patrimoniales deben haberse reducido en un 5% en el ejercicio en que se presente el despido colectivo o un 7% en los dos ejercicios anteriores.

El procedimiento a seguir por las administraciones públicas se diferencia de las empresas privadas en: (i) la prioridad de permanencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición mediante el pertinente proceso selectivo; (ii) la comunicación del inicio del procedimiento, además de a la pertinente autoridad laboral, al Ministerio de Hacienda o ente equivalente en la Comunidad Autónoma; (iii) el plan de recolocación externa será elaborado por los correspondientes Servicios de Empleo Público.

Cuando el despido colectivo se produzca en el ámbito de la administración central o autonómica, al finalizar el período de consultas se lo comunicará a su respectiva administración para que emita un informe. Dicho documento será vinculante cuando la normativa aplicable contemple la obligación de emitir informe previo y favorable a la adopción de acuerdos, siendo nulas las decisiones que se tomen sin la concurrencia de este requisito. Una vez obtenido el informe se procederá en un plazo de 10 días a la formalización del acuerdo alcanzado o adopción de la decisión definitiva que proceda. Una vez conseguido el informe y finalizado el período de consultas se comunicará la decisión final a la autoridad laboral competente.

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