El presidente del CICAC,
El presidente del CICAC, Abel Pié

El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), que representa a los 14 Colegios de Abogados de Catalunya, ha reclamado este martes, coincidiendo con el Día Internacional contra la corrupción, que el Gobierno estatal destine más recursos, humanos y económicos, a los juzgados para poder combatir la corrupción. El presidente de la Abogacía Catalana, Abel Pié, considera que “se debería reforzar el plantel judicial con recursos suficientes para poder evaluar de forma inmediata si ha habido delito”. En este sentido, ha explicado que “la justicia es tan lenta que el tiempo de instrucción se alarga y los casos de corrupción se eternizan en los juzgados” pero la solución no puede pasar sólo por acortar los tiempos y poner plazos “si no se aumentan y refuerzan las plantas judiciales, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, limitando a seis meses la instrucción, no cumplirá sus objetivos”.

Por otra parte, la Abogacía Catalana manifiesta su rechazo a la medida introducida por el Ministerio de Justicia en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros que permitiría al Ministerio del Interior ordenar a las fuerzas del orden la intervención y registro de comunicaciones, telefónicas o mediante cualquier otro sistema telemático, sin autorización judicial. Para Pié, “la comunicación es privada. Si hay que hacer una intervención telefónica, debe ser con autorización judicial”.

La Abogacía también ve inconstitucional que la toma de muestras de ADN a un detenido pueda hacerse sin la presencia de un abogado. “En toda prueba de ADN debe haber presente un abogado para certificar que todo se ha hecho correctamente”, ha dicho Pié, para quien la medida que contempla el anteproyecto de ley vulneraría los artículos 17.3 y 24 de la Constitución. Además, la Abogacía recuerda que esta disposición se contradice con el criterio del Tribunal Supremo, que el pasado 24 de septiembre extremó las garantías para la recogida de muestras de ADN y dictó que no se podrán utilizar como prueba sin que se haya avisado al abogado y éste haya aconsejado a su cliente.

La Abogacía Catalana pedirá al Ministerio de Justicia que reconsidere ambas medidas y las retire del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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