Con ello se pretende que adquieran la formación práctica necesaria en su profesión, que redunde en beneficio de todos los estamentos implicados y de toda la sociedad.

De esta manera, las prácticas proporcionarán no sólo experiencia laboral sino que podrán ser tenidas en cuenta a efectos de cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado y/o procurador en la futura Ley de acceso a dichas profesiones. La sociedad exige, cada día con más intensidad, la incorporación al mundo laboral de profesionales con una formación integral.

Los nuevos planes de estudio contemplan la necesidad de que los alumnos de los últimos cursos completen su formación en empresas, organismos e instituciones. Asimismo, es necesario el fomento de cualquier actividad encaminada a conseguir la primera experiencia profesional de los titulados universitarios para añadir a los conocimientos teóricos los de contenido práctico, permitiendo una mejor inserción laboral.

Por otro lado, en el actual contexto de grave contracción de la actividad económica y el empleo, con importantes implicaciones desde el punto de vista social, resulta oportuno poner en marcha actuaciones que permitan una primera experiencia profesional adentrándose en el conocimiento de la aplicación práctica de la legislación medio ambiental.

La pluralidad, la diversidad y, en la mayor parte de las ocasiones, la complejidad de la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de medio natural y de calidad ambiental, unida a la variedad y al marcado carácter técnico de las materias sobre los que versan los mismos, exige un conocimiento riguroso y exhaustivo tanto de los procedimientos como del derecho sustantivo que se aplica a través de estos cauces procedimentales.

Igualmente, la Directiva de Servicios ha incluido una serie de disposiciones para las empresas de servicios y sus usuarios, como son la simplificación de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios y un sistema de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

Esta Directiva se inscribe en el contexto de la «estrategia de Lisboa» y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios:

• facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en la UE;

• reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios de dichos servicios;

• fomentar la calidad de los servicios;

• establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.

Para la realización de las prácticas, este Convenio de Colaboración posibilita al Consejo de la Abogacía de Castilla y León la realización de un sorteo ante notario para la selección de los aspirantes. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León seleccionará a un titular y a dos suplentes por plaza, al objeto de atender la total cobertura de las becas.

El número máximo de becas es de 25, con la siguiente distribución estimada de provincias de destino:

Ávila 2
Burgos 3
León 3
Palencia 2
Salamanca 2
Segovia 3
Soria 3
Valladolid 4
Zamora 2
Servicios Centrales 1

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