El máximo responsable de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) compareció ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por las querellas presentadas por el ex presidente de AMA Diego Murillo y los antiguos consejeros de la mutua Manuel Campos y Manuel Sánchez, inhabilitados por la DGS por cobrar indebidamente cerca de 2,5 millones de euros entre 2004 y 2007.
Lozano defendió la legalidad del proceso sancionador abierto contra AMA y aseguró que la resolución administrativa de ejecución de la inhabilitación, dictada por la DGS el 4 de octubre de 2008, se consultó previamente con los servicios jurídicos del Estado, según informaron fuentes jurídicas.
El abogado de AMA, Manolo Murillo, solicitó a la DGS que remita al juzgado el informe jurídico en el que se apoya la orden de inhabilitación, así como el nombre del abogado del Estado que elaboró dicho informe, al no encontrarse en la documentación del expediente sobre AMA remitida al juzgado, según las mismas fuentes.
Los querellantes consideran que la ejecución de la DGS fue un «acto coactivo e ilegal», ya que dicha resolución no se puede ordenar cuando aún cabe recurso de súplica contra esta decisión ante la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo.
La Abogacía del Estado considera que las inhabilitaciones se pueden ejecutar como medida cautelar y aseguró que AMA no ha recurrido la resolución de la DGS ante el Ministerio de Economía, cuyo procedimiento seguiría después ante los tribunales contencioso-administrativos, y que se ha limitado a recurrir las sanciones monetarias impuestas por sus irregularidades.
AMA considera que esta resolución está recurrida ya dentro del procedimiento que tramita la Audiencia Nacional y que tiene pendiente de resolver un recurso de súplica presentado por la mutua contra el auto dictado el pasado 13 de noviembre que mantuvo la inhabilitación y admitió la suspensión de las multas impuestas a los tres directivos, bajo la condición de que éstos presentaran un aval bancario por importe de 225.000 euros por persona.
La Abogacía del Estado defiende que los antiguos directivos de AMA renunciaron voluntariamente a sus cargos seis días después de la inhabilitación. Los querellantes mantienen que presentaron su dimisión coaccionados por la DGS.
