Garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Ese es el objetivo del I Curso de protección jurídica de este colectivo impartido por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

A lo largo de un mes, este curso, que ha comenzado el martes, formará a abogadas y abogados del turno de oficio en esta materia para conseguir que la participación de las personas con discapacidad sea plena y efectiva.

“Aprender continuamente es una de las principales responsabilidades que tenemos todos los operadores jurídicos porque nuestra materia de aprendizaje es nada menos que los derechos de los ciudadanos”, afirmó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito en la inauguración de este curso, que, aseguró, “es una manifestación de la apuesta de la Abogacía por mantener a la profesión a la vanguardia de los derechos de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, advertida la persistencia de dificultades para este colectivo”.

El curso profundizará en la normativa relacionada, así como en su aplicación en las diferentes jurisdicciones, ya que esto supone un requisito indispensable para una adecuada asistencia legal.

Los Estados firmantes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como España, tienen la obligación de promover activamente la eliminación de todas las barreras que existen en el entorno y en la mentalidad de las personas para la efectiva protección jurídica de este colectivo. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, destacó la importancia de esta Convención, “que nos sitúa a los abogados en la obligación de garantizar la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad, ya que éstas son acogidas por el ordenamiento como titulares de derecho en toda su extensión”.

Por su parte, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, se refirió a la Abogacía, como “aliada firme de los derechos de las personas con discapacidad, ya que es la profesión jurídica más cercana, ágil y comprometida con esta parte de la ciudadanía”.

Por último, la coordinadora del Grupo de Discapacidad del Consejo, Eva M. Ribó Fenollós ha descrito la metodología de la formación-siete módulos temáticos, nueve sesiones y tres talleres prácticos-, que combina teoría y práctica.  “Aglutina el contenido mínimo para formar parte del turno de oficio especializado de los Colegios de Abogados”, aseguró y adelantó, que debido a la gran acogida que ha tenido, habrá una segunda edición en abril.  

El Consejo General de la Abogacía Española cuenta con el apoyo y la participación de las principales organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad en el plano estatal para la realización de este curso, como Fundación ONCE y Plena Inclusión, que nace con la intención de reforzar la calidad de la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad.

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