A finales de julio, la Agencia Tributaria comenzó a enviar estos requerimientos a los titulares de dichas cuentas -que según algunas fuentes pueden superar los 1.500 con unas 3.000 cuentas-, con la finalidad de iniciar el procedimiento inspector, después de que el pasado 30 de junio expirara el plazo que Hacienda les concedió para regularizar de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada.

El caso se inició en mayo, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.

Con la información en su poder, Hacienda inició un procedimiento de gestión, previo a la inspección, y otorgó un plazo a los contribuyentes con cuentas en Suiza para que regularizaran su situación.

Tras la conclusión del plazo, algunos declarantes regularizaron conforme a los criterios de la Agencia Tributaria, pero otros lo hicieron parcialmente y algunos ni siquiera atendieron la reclamación de Hacienda.

El departamento dirigido por José Manuel López Carbajo ha iniciado el procedimiento de inspección con el envío de los requerimientos en el mes de julio y la citación a partir de septiembre de todos los contribuyentes, hayan regularizado o no.

La Agencia Tributaria comprobará las liquidaciones caso por caso y aplicará las sanciones correspondientes a los evasores, que pueden ser de entre el 50% y el 150% del importe defraudado, según se recoge en la Ley General Tributaria, lo que puede suponer un buen pellizco para las maltrechas cuentas públicas.

Hacienda quiere llegar «hasta donde haya que llegar», en palabras del propio López Carbajo, quien desmintió así las denuncias del colectivo de inspectores de Hacienda, que habían acusado al Gobierno de dar un «trato de favor» y ofrecer una «amnistía fiscal» a estos presuntos defraudadores.

Lo que no está muy claro es si Hacienda remitirá a los tribunales a aquellos contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal -un fraude superior a 120.000 euros por año- pero hayan regularizado, ya que la práctica judicial con los que han tenido la ‘bondad’ de declarar sus impuestos tras el primer requerimiento es desestimar el expediente.

De confirmarse la existencia de delito fiscal, los defraudadores podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como a una multa hasta seis veces superior de la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados ‘testaferros’, o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.

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