La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acusó ayer a las fuerzas políticas y al Parlamento de comprometer la credibilidad e imparcialidad del Poder Judicial con la reforma que permite a los jueces que hayan ocupado un cargo político volver a su puesto sin perder la antigüedad.

La APM, de carácter conservador, denuncia en un comunicado que dicha reforma, publicada el pasado día 23 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), facilita una «permeabilidad» entre el Poder Judicial y la actividad política, comprometiendo así la credibilidad de muchas resoluciones judiciales futuras.

Como el lector de DIARIOJURIDICO recordará en  el último Pleno de la IX Legislatura en el Congreso, los dos principales partidos políticos PP y PSOE acordaron reformar  la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que, entre otros, el actual ministro de Interior Antonio Camacho –fiscal de carrera- y los exministros Mariano Fernández Bermejo y José Antonio Alonso puedan volver a ocupar sus cargos anteriores en los tribunales.

Con este cambio aprobado por populares y socialistas – a través de una enmienda de la Ley de Jurisdicción Social introducida y aprobada por el Senado el martes y ratificada por el Congreso el pasado jueves- los ministros y consejeros que antes de formar parte de sus respectivos gobiernos fueran miembros del Poder Judicial podrán volver a sus puestos de trabajo sin problema.

Asimismo, la APM  considera que el Poder Legislativo «se muestra ajeno a la imagen de imparcialidad» que han de ofrecer los jueces, «potenciando un descrédito que anida en regulaciones normativas ilógicas o designaciones personales de influencia».

En concreto, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por el Parlamento permitirá que jueces y fiscales que pidan una excedencia voluntaria para desempeñar un cargo político o público sean considerados en situación de servicios especiales.

De esta forma, el tiempo que permanezcan en la Administración computará como servicios efectivos en la carrera judicial y no perderán antigüedad para ascender en el escalafón.

A juicio de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, la reforma se ha abordado de manera «sorpresiva», sin formar parte del proyecto normativo en el que se ha incluido y «eludiendo todo debate público».

«La aplicación con efectos retroactivos a quienes están desempeñando actualmente responsabilidades políticas del mayor nivel evidencia que la reforma se impulsa por complacencias personales y no por los intereses generales que deben presidir cualquier regulación institucional que afecte al núcleo esencial de control en un Estado democrático», concluye.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.