La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la aplicación de la Orden Ministerial que aprueba la liquidación de las tasas judiciales al considerar que ello supondría «prejuzgar el fondo del asunto» y que su suspensión «no causa perjuicios de difícil o imposible reparación para los recurrentes, superiores a los que la suspensión de su vigencia produciría al interés público».

La AN, ha rechazado, así, la petición del Colegio de Abogados de Orense, que solicitaba suspender cautelarmente la aplicación de las tasas judiciales en el primer recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional contra esta medida impulsada por el Ministerio de Ruiz-Gallardón.

Así consta en un auto dictado este jueves por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que también se establece que se puede interponer un recurso de reposición ante la misma sala, previa constitución de un depósito de 25 euros.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Orense, Arturo González, explica en una entrevista concedida a DIARIO JURÍDICO que desde el ICAO llegarán «hasta donde nos deje el Estado de Derecho» y que al margen de los recursos de inconstitucionalidad que pretenden inteponer algunos partidos políticos, a ellos les consta que «habrá jueces que plantearán cuestiones de inconstitucionalidad» en relación a la ley.

El Colegio de Abogados de Orense basó su demanda sobre la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y argumentó que el sistema de tasas judiciales establecido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, también vulnera el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (art. 6.1) en la medida que «el objetivo perseguido es eminentemente recaudatorio», siendo así que este objetivo «no fue considerado por el TEDH como justificación suficiente para la imposición de tasas».

Asimismo, asegura en su demanda que la elevada cuantía de las tasas «impedirá el acceso de los ciudadanos a la justicia, impidiendo así el ejercicio de un derecho fundamental» y que «si no se accedía a la suspensión de la ejecución de la norma se perdería la efectividad del recurso». Además, el Colegio alegaba que la suspensión de la Orden no implicaba ninguna perturbación de intereses generales dado que «esa vigencia ya estuvo un mes suspendia» mientras se terminaban los modelos de liquidación «sin que se haya producido ninguna perturbación».

Inexistencia de perjuicio irreparable

Por su parte, la Abogacía del Estado se ha opuesto a la medida cautelar sosteniendo que «no es cierto que el recurso vaya a perder su finalidad de no accederse a la suspensión, ya que es evidente que el Colegio de Abogados de Orense no sufrirá perjuicio alguno si no se suspende la Orden impugnada, pues en la propia solicitud se identifican como ‘periculum in mora’ unos derechos e intereses que le son ajenos, e identifica como causa de la perturbación grave, no la Orden, sino la propia Ley 10/2012, que establece las Tasas Judiciales». Y añade: «La parte recurrente no consigue siquiera identificar perjuicio alguno propio que se derive de la ejecución de la Orden recurrida».

Por otro lado, la AN establece que de suspender la aplicación de las tasas «se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría el otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la CE, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito». Asimismo, considera oportuno tener en cuenta el criterio sentado por el Tribunal Supremo, en el sentido de que «desde el punto de vista de los intereses en conflicto hay que partir de la idea de que la suspensión de una disposición general implica, en sí misma, un grave perjuicio para el interés público, pues comporta, como mínimo, una suspensión de la vigencia del sistema de fuentes establecido por el ordenamiento jurídico».

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