Todos los grupos han apoyado el texto remitido por el Congreso de los Diputados y que, según fuentes parlamentarias, podría ir al pleno de la Cámara Alta del próximo miércoles 14 de septiembre.
Los grupos en el Senado habían presentado un total de 159 enmiendas al texto aprobado en la Cámara Baja (2 del PSOE, 54 del PP, 29 de CiU, 31 del Grupo Parlamentario de los Senadores Nacionalistas, 2 del Grupo Mixto y 41 de Entesa Catalana de Progrés). Hace unos dias han acordado introducir veinte enmiendas, entre las que figuran seis de CiU para facilitar la participación de los procuradores en los procedimientos de desahucio y catorce del PP para igualar las garantías procesales de las personas físicas y jurídicas y admitir el recurso de apelación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras medidas.
Otras de las enmiendas admitidas al PP evitarán que se suba el límite para la apelación en los procesos contencioso-administrativos de 18.000 a 30.000 euros e impedirán que se incremente el límite para presentar un recurso de casación en el orden contencioso-administrativo a 600.000 euros.
El senador socialista Francisco Javier Irízar ha anunciado que el voto de su grupo en contra de todas las enmiendas para «no romper el consenso» que el proyecto de ley logró en el Congreso, aunque ha precisado que estudiará una enmienda del Grupo de los Senadores Nacionalistas para reconocer derechos a los acreedores en las subastas de bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual.
Por su parte, el senador del PP Manuel Altava ha considerado que el proyecto de ley de agilización procesal es «un texto bienintencionado, pero que no cumple con el título que predica», y ha lamentado que se ciña casi exclusivamente a la segunda instancia, que está «colapsada», pero que «no es el principal problema de la justicia».
El proyecto de ley de medidas de agilización procesal acomete reformas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa para simplificar el proceso y reducir costes y tiempo, a través de la eliminación de trámites innecesarios y la racionalización del sistema de recursos.
Como se recordará este proyecto de ley generó en su dia un enfrentamiento entre el CGPJ, partidario del mismo, y el CGAE.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha criticado a la abogacía institucional por “torpedear” el proyecto de ley de agilización procesal. En su opinión, el informe de los servicios jurídicos de la institución que preside Carlos Carnicer censurando la reforma, trata “de poner palos en la rueda” al sistema diseñado por Justicia para agilizar los procesos, limitando el uso abusivo de instancias judiciales.
Gómez Benítez -que hasta acceder al CGPJ era abogado en ejercicio- cree que los “letrados hacen un uso abusivo de los recursos, planteándolos incluso a sabiendas de que, en muchos casos, están perdidos”. El vocal del órgano de gobierno de los jueces señaló que “el sistema es el que permite el abuso” y matizó que “hay abogados que abusan y otros que no”. A su juicio, este uso innecesario de instancias judiciales por parte de los letrados viene condicionado “por que el cobro de las minutas está basado, en buena parte, en el número de recursos”.
Frente a la opinión del CGPJ y de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que, en una cumbre celebrada hoy en Madrid han defendido la bondad de la reforma, la abogacía institucional se ha manifestado “en contra de la eliminación de recursos porque estima que perjudica a los ciudadanos, limita su derecho de defensa y reduce la tutela judicial efectiva”.
