ICAB informe de la justicia
Presentación del Informe de la Justicia 2014 en el ICAB

“El mal endémico de la Justicia sigue siendo el mismo: la congestión”. Así de tajante se ha mostrado el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, en la presentación del Informe de la Justicia 2014.

Rusca ha explicado que cada año se inician casi 8 millones y medio de asuntos en el área de Barcelona, de los cuales más de dos millones y medio quedan pendientes de resolución y ha insistido en que “modificando las leyes no se solucionará el problema”.

Según el informe, que se presenta anualmente desde 2007, es “altamente preocupante” la situación en la jurisdicción social, el único sector que ha registrado un aumento de litigiosidad respecto a años anteriores y que ya registra una tasa de congestión del 196%, un 20% más que antes de la crisis.

De hecho, el informe pone de manifiesto que el aumento de casos responde a la crisis económica, tal y como reflejan las tasas de paro, el descenso en las contrataciones, y el aumento del volumen de despidos y reclamaciones de cantidad, “que evidencian una de las caras más dramáticas de la recesión económica”.

Los índices de litigiosidad en los diferentes ámbitos (penal, civil, contencioso admistrativo, laboral) siguen siendo muy desiguales entre sí, siendo el penal donde se registra una litigiosidad más alta (un 133%) frente al civil (35%), contencioso (4%), o el laboral (10%). El informe también pone de manifiesto que la litigiosidad en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Barcelona está por encima que en el resto de Cataluña y del Estado debido a su “densidad de población”.

Tasa de congestión

Los juzgados de lo social han pasado de una tasa de congestión del 156% en 2006 a una índice del 196% en 2013, lo que implica un incremento del 20%. “Esto refleja no sólo el colapso creciente de los juzgados y tribunales sino también la falta del establecimiento de medidas para disponer de más recursos materiales y humanos en los tribunales de este ámbito, con las que se podría, al menos, ayudar a paliar la congestión actual”, ha explicado Rusca.

Por ello, el ICAB cree que el incremento en un 1% del presupuesto del Ministerio de Justicia es totalmente insuficiente para resolver los problemas de la Administración de Justicia. “La crisis económica ha golpeado duramente la Administración de Justicia, que a pesar de su importancia y trascendencia en la sociedad, siempre se ha encontrado en inferioridad de condiciones respecto otras administraciones”, ha afirmado Rusca. “Hay que apostar decididamente por una nueva oficina judicial más estructurada y organizada, así como por una mayor coordinación con todas las partes que participamos en la Administración de Justicia para mejorar la situación”, ha añadido.

Sin embargo, Rusca también se ha mostrado optimista y ha explicado que la reunión que tubo con el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, la pasada semana, ha generado “expectativas extremadamente buenas” a la abogacía, motivo por el que han suspendido las protestas que ambos colegios tenían previstas para los próximos meses. “Catalá es una persona dialogante y está abierta a hablar de todo”, ha asegurado.

Expedientes del FOGASA

La diputada del ICAB, Eva Pous, ha destacado el caso de los expedientes de FOGASA – organismo público que debe encargarse del pago de las indemnizaciones por despidos – que considera “alarmante”. Pous ha explicado que antes de la crisis solían necesitarse cuatro meses para obtener una sentencia tras la impugnación de un despido, mientras que actualmente se necesita un año y medio de media para obtener la citación judicial, a lo que hay que sumar el tiempo que tarda en pagar el FOGASA desde la publicación de la sentencia.

La diputada del ICAB ha explicado que esto podría responder a la eliminación de los salarios de tramitación, suprimidos tras la reforma laboral, lo que provoca que, en muchos casos, el trabajador reciba la indemnización cuando ya se le ha acabado el subsidio por desempleo.

Tasa de resolución

El informe destaca que se ha producido una mejora de la capacidad resolutiva de los órganos jurisdiccionales en todas las jurisdicciones en el periodo 2006-2013 a excepción, del ámbito social. En este último ámbito se produce una regresión del 8% en el año 2013, respecto al año 2006, debido al importante aumento de la litigiosidad y de los asuntos ingresados debido a la crisis.

Tasa de pendencia

La tasa de pendencia es la relación de asuntos pendientes de resolver versus los resueltos. Respecto este índice, cabe destacar de nuevo el incremento que se registra en la jurisdicción social, pasando de un 51% en 2006 hasta un 88% en el año 2013. El aumento de la litigiosidad y de los asuntos ingresados en este orden jurisdiccional hace que se produzca un colapso judicial, que se traduce en el aumento de la pendencia. Por el contrario, también hay que resaltar que el ámbito penal tiene la tasa de pendencia más baja (con diferencia) en comparación al resto de órdenes jurisdiccionales, a pesar de que en este ámbito se ingresa un volumen de asuntos superior.

La incidencia de las tasas judiciales

El 68% de los abogados encuestados afirman haber tenido algún supuesto entre sus clientes de renuncia a la interposición de una acción judicial como consecuencia de la ley de tasas estatal. Los abogados también desconfían respecto de la inversión en justicia del dinero recaudado por esta tasa.

“Este hecho demuestra lo que la abogacía lleva años denunciando. Las tasas judiciales suponen un impedimento a que los ciudadanos ejerzan su derecho a ir a los tribunales para reclamar justicia”, ha afirmado el decano de los abogados de Barcelona. Rusca también ha recordado que la postura del Colegio es la abolición absoluta de las tasas judiciales pero ha admitido que si no es posible, no se pueden “cerrar a una línea tan rígida, sin renunciar a nuestra idea, que es eliminarlas”.

El acto de presentación también ha contado con la participación de la diputada Julia Herrero Alcorta, así como la vicedecana y el secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, Rosa Ma. Barberá Ramos y Rafael Espino Rierola, respectivamente, y otros miembros de la Junta de Gobierno de la corporación.

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