Durante el pasado año 2011, marcado por la archiconocida crisis, volvieron a destacar los asuntos económicos en las quejas presentadas a la Defensora del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano. El empleo, las prestaciones sociales, los problemas con las entidades bancarias o el acceso a la vivienda fueron algunas de las quejas más numerosas que recibió la institución. Además, los españoles se quejaron también del funcionamiento de la administración de justicia, donde se registraron quejas por dilaciones, falta de medios personales y materiales y a la saturación de los distintos órganos jurisdiccionales.

Todo ello en un año en el que se tramitaron 24.381 quejas. Con dos rasgos significativos: mientras que las quejas individuales se mantienen en un número parecido al del año 2010, con un total de 16.353, lo cual supone un leve descenso del 2,42%, las quejas de carácter colectivo, siempre sometidas a una mayor variabilidad, determinada por los asuntos que adquieren relevancia por grupos numerosos, descendieron un 56,89%, cifrándose en 7.522.

Por otro lado, otro de los porcentajes significativos que se desprenden del Informe Anual 2001 del Defensor del Pueblo es el que hace referencia a las investigaciones de oficio que aumentaron casi un 9 %, llegando a las 506 investigaciones de oficio, la cifra más alta alcanzada en la historia de la institución.

Del total de volumen de quejas, casi 6.000 – 3.500 individuales y 2.300 colectivas – se referían a asuntos económicos.
En este contexto, des de la Defensoría del Pueblo asegura que la falta de información sobre los riesgos que implica la contratación de ciertos productos financieros sigue protagonizando las quejas recibidas. A juicio de la Institución, el servicio de reclamaciones del Banco de España no está cumpliendo su función, pues no garantiza suficientemente la defensa de los derechos de los clientes de las entidades financieras. Y en este sentido, en cuanto a las actuaciones de oficio iniciados por la Institución destaca la iniciada ante el Banco de España y ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tras haber detectado la inoperatividad de los seguros de vida y desempleo que algunas entidades bancarias han exigido como requisito fundamental para la concesión de un préstamo hipotecario. Suscripción que además, había de hacerse con compañías aseguradoras que pertenecían al mismo grupo bancario.

Decíamos anteriormente que también las quejas contra el funcionamiento de la justicia también fueron numerosas durante el 2011. Se mandaron casi 6.000 quejas contra el ámbito de la Seguridad y la Justicia. En este sentido, ls oficina del Defensor del Pueblo inició 88 actuaciones de oficio. Más allá de las quejas relativas a dilaciones y falta de medios personales y materiales y saturación de los distintos órganos jurisidiccionales, que ya se habían recibido en años anteriores, en este 2001 destaca la solicitud de la posible tipificación del despilfarro de dinero público como delito anunciada por la Defensora del Pueblo durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2011. El Gobierno ha mostrado su compromiso con la tipificación del despilfarro del dinero público en determinados supuestos.

La institución además celebra que la nueva normativa sobre víctimas del terrorismo, aprobada por consenso, refleja la posición mantenida mantenida por la oficina del Defensor del Pueblo en este asunto, esto es, que las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones de derechos humanos.

El informe recoge también que la Defensora formuló un total de 546 resoluciones a las distintas administraciones públicas, lo cual supone un crecimiento del 22% respecto al año anterior. De todas ellas, 154 fueron recomendaciones, 231 fueron sugerencias, 156 recordatorios de deberes legales y 5 fueron advertencias. Además, ha habido una caída respecto al número de administraciones entorpecedoras, es decir, aquellas que no dieron una respuesta adecuada a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo. En 2011 hubo un sólo organismo de este tipo – el Colegio de Abogados de Toledo – frente a las 14 administraciones de 2010.

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de quejas provino de la Comunidad de Madrid (23%), en segundo lugar de la Comunidad Valenciana (14%)y en tercer lugar de Cataluña (10%).

 

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