La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado varias recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Con estas recomendaciones, la Defensora solicita a la Administración que considere la posibilidad de promover algunas modificaciones que mejoren el Real Decreto-Ley, sobre el que no ha encontrado motivos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad.

Dependencia

En lo relativo a las medidas de racionalización de la dependencia, la Defensora del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para recomendarles varias propuestas para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.

Recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con esta medida quiere evitar que, aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica, queden fuera del sistema.

Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema.

También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.

 Renta Activa de Inserción

En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle claramente en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.

Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero “por cualquier motivo o duración” anula la inscripción como demandante de empleo.

Esta exigencia, que para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses.

Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre “los términos, circunstancias y límites temporales” que se fije para los viajes al extranjero.

En este mismo ámbito, Soledad Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.

Paga extra

Así, se han enviado varias recomendaciones al Ministerio de Administraciones Públicas, tras haber recibido numerosos escritos que cuestionan la supresión de la paga extraordinaria de Navidad.

La primera de las recomendaciones apunta a que la supresión de la paga extra o equivalente del mes de diciembre de 2012 comience a aplicarse a partir del momento en que se publicó el Real Decreto-Ley (15 de julio de 2012) porque la Institución considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un periodo de trabajo ya realizado.

También recomienda que se concrete la forma en que se compensarán las cantidades suprimidas. Así, pide que se busquen fórmulas adicionales a las que contempla la norma, puesto que no todos los empleados públicos afectados tienen planes de pensiones o contratos de seguro colectivo.

 

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