Soledad BecerrilLa Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrirá las nuevas tasas judiciales al considerar que la reforma realizada a través del decreto-ley ya cambió en lo “sustancial” estos gravámenes ante una “extraordinaria y urgente necesidad de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos”. Becerril opina que el hecho de que el Ministerio de Justicia no haya acogido la totalidad de las recomendaciones que su institución efectuó no puede ser un argumento para que la Defensora del Pueblo mantenga la controversia abierta “indefinidamente”.  

Becerril ha respondido así mediante una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitida a Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE) y miembro de la Plataforma Justicia para Todos, integrada por organizaciones de consumidores y sindicales.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí deberá resolver al respecto ya que el PSOE presentó, la pasada semana, un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto ley. El partido considera que existen motivos de inconstitucionalidad dado que, según ellos, la aprobación del decreto-ley tuvo lugar sin concurrir razones de extraordinaria y urgente necesidad y sin respetar la reserva de ley en materia tributaria ni la prohibición de regular por decreto ley derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.

Por su parte, Soledad Becerril recuerda en la citada resolución que el decreto-ley redujo en un 80% las tasas variables, aumentó el número de beneficiarios de Justicia Gratuita y diminuyó las expectativas de ingresos de la Hacienda Pública en “decenas de millones de euros”. Y matiza: “No sólo el 5% que se ha indicado por algunos medios, pues este pequeño porcentaje se refiere a previsiones de ingresos por tasas fijas, no a expectativas de ingresos por tasas variables, que son el grueso de la reforma”. Por último, la Defensora del Pueblo se reafirma en que este organismo obtuvo “resultados concretos e inmediatos” al servicio de los ciudadanos con la aprobación de la reforma legislativa, que fue la vía de actuación “más eficaz” para el servicio público.