escracheLa Fiscalía General del Estado, encabezada por Eduardo Torres-Dulce, analizará la relevancia penal del fenómeno de los ‘escraches’ -protestas realizadas contra cargos públicos en su entorno privado- y, en su caso, la respuesta que debería darse por parte de la Fiscalía ante estas acciones, que suelen estar impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Para ello, la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado remitió, el pasado 4 de abril, un escrito a los 17 fiscales superiores en el que les solicita que le remitan informaciones sobre “el acoso a representantes parlamentarios en su Comunidad Autónoma”. El Oficio, de un folio de extensión, dice así:

“Como vd. conoce, en la actualidad se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares.

La Fiscalía General del Estado va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos.

A los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones que vd. estime procedentes realizar en cada supuesto concreto, ruego informe a esta Secretaría Técnica de todos los acontecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía”.

Actuación policial 

Por otro lado, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, envió hace dos semanas a las comisarías una instrucción en la que se ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o ‘escraches’.

Sin embargo, distintas asociaciones de jueces han asegurado que hasta ahora y al margen de la consideración que merezcan estos actos de protesta, no aprecian delito de quienes los convocan o quienes participan en ellos.

En las últimas semanas se ha llevado a cabo este polémico modelo de protesta en múltiples ocasiones, cuyo objetivo es señalar públicamente los políticos que son responsables de la reforma de legislación hipotecaria española y lograr, así, que voten positivamente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue admitida a trámite el pasado doce de febrero.

Entidades como el Colegio de Abogados de Barcelona ya han mostrado su rechazo y preocupación ante estas acciones tras el ‘escrache’ realizado delante del despacho de abogados de la diputada del PP catalán, Dolors Montserrat, mientras otros colectivos defienden su legitimidad.

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