El juez titular, Francisco de Borja Villena, da un plazo de cinco días a la aerolínea para completar esta información, lo que retrasará la admisión a trámite del concurso hasta después de la Semana Santa.

El magistrado considera correcta y suficiente la documentación relativa al estado de las cuentas de la compañía, que arrojan una deuda de cerca de 160 millones de euros, presentada por los propietarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

Air Comet presentó el pasado martes su solicitud de concurso voluntario de acreedores ante el juzgado, tras fracasar las negociaciones de venta o refinanciación de la deuda llevadas a cabo por la compañía desde el anuncio de quiebra del pasado 22 de diciembre.

A partir de ahora, el juez titular, Francisco de Borja Villena, tendrá que admitir a trámite la petición de concurso y nombrar a tres administradores concursales para gestionar el proceso de insolvencia de la compañía, que se declaró en quiebra el pasado 22 de diciembre.

El pasado mes de enero el juez aceptó la petición de la aerolínea de acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que le otorgaba un plazo legal de tres meses para negociar un plan de pagos y establecer un convenio anticipado de acreedores antes de verse obligada a presentar el concurso de acreedores, para lo que contaba con un mes adicional.

Air Comet debe cerca de 160 millones de euros a terceros. Entre ellos, 16 millones a la Seguridad Social, otros 10 millones de euros por las nóminas impagadas (sin incluir indemnizaciones), varias cantidades sin determinar a proveedores de combustible y más de 25 millones de dólares (unos 17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank por el embargo de los aviones.

A estas cantidades se sumará la deuda de 6,3 millones de euros que Air Comet contrajo con el Ministerio de Fomento por el dispositivo de traslado de los cerca de 7.000 afectados por el cierre de la aerolínea.

Los trabajadores han comenzado ya a cobrar el paro, tras la presentación del ERE el pasado el 8 de febrero, que supuso la rescisión voluntaria del contrato de 76 trabajadores y la suspensión temporal durante cuatro meses del resto de empleados de la aerolínea –unos 590–, a excepción de los eventuales, que deben gestionar los trámites de la prestación por su cuenta.

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