El pasado jueves se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Custodia Compartida –oficialmente, ley 2/2010 de Igualdad en las Relaciones Familiares–, una regulación en la que Aragón fue pionera y que desde el primer momento despertó un debate intenso entre partidarios y detractores. Básicamente, se trataba de abolir la costumbre de dejar a los niños en manos de la madre, tras una separación, y que se escogiera preferentemente la tutela de ambos progenitores. Siempre estudiando el caso y buscando el bien del menor.

Al cumplirse 365 días de su aplicación, ambos sectores encuentran razón en sus percepciones: había demanda, como prueban las revisiones de sentencias anteriores que la ley permitía presentar, hasta hoy. Pero esos mismos recursos han contribuido a hacerla operativamente difícil. En concreto, el plazo de elaboración de los informes psicológicos se ha ampliado, de cuatro a ocho meses.

Así sucede en los juzgados de Familia de Zaragoza, según explica el juez decano, Ángel Dolado. El magistrado se muestra firme defensor de la ley, pero el hecho de que naciera sin medios ha provocado esta dilatación en los plazos, “que ya de por sí eran complicados”, explica el decano. “Ahora, entre el informe psicológico y el de los trabajadores sociales, nos estamos yendo a ocho meses de espera, lo cual, en temas tan conflictivos, es totalmente inadecuado. La ratio ideal rondaría los tres meses”, explica.

 

EN CIFRAS Como muestra del retraso provocado por las revisiones de antiguas sentencias, Dolado ofrece un botón. Un botón, “no extrapolable”, ya que son datos de un único juzgado de los tres que se dedican a Familia en Zaragoza. Pero vale para hacerse una idea. Con datos de este año, hasta junio, este juzgado ha dictado 32 sentencias a este respecto, 19 a favor de la custodia compartida y 13 en que se le ha otorgado a un progenitor. De estas, un total de 20 (el 62,5%) corresponden a recursos de sentencias anteriormente dictadas. La mitad han sido de custodia compartida.

Aunque no se dispone de datos generales, puede comprobarse como esta saturación de revisiones, a cargo del mismo equipo que antes se ocupaba solo de las nuevas demandas, está provocando el colapso. Y el panorama no se presenta mucho más halagüeño, según las previsiones que ofrece el juez decano.

Según las cifras de los equipos psicosociales de los juzgados de Zaragoza, el año pasado se elaboraron 293 informes psicológicos para sopesar las custodias, y 272 por parte de los mediadores sociales. Hasta abril de este año se contabilizaban 118 psicológicos y 115 sociales, que extrapolados a todo el año arrojan un total de 564 del primer tipo y 345 del otro. Es decir, prácticamente el doble en los psicológicos. Y con el mismo personal.

De ahí que Dolado esté pendiente de elaborar y enviar un informe “a la Dirección General de Familia y a la de Justicia, para instarles a estudiar en serio la necesidad de aumentar la plantilla de psicólogos y trabajadores sociales” para afrontar la situación.

 

 

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