Ha salido adelante con 248 votos a favor, 5 en contra de miembros de la Entesa y el Mixto y una abstención.

Así se confirma el acuerdo alcanzado el pasado 24 de enero en forma de enmienda a dicha Ley entre PSOE, PP y CiU para sacar adelante la norma con mayores garantías judiciales.

El nuevo texto consensuado irá ahora al Congreso, que tiene un plazo de alrededor de un mes para refrendarlo.

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado recuperó una texto que, tras su nuevo paso por la Cámara Baja, podría comenzar a aplicarse en los primeros casos en torno al verano, una vez aprobado su reglamento.

En el debate en el Pleno, el diputado del PP José María Chiquillo ha recalcado que su formación “ha logrado que la Ley no llegue al BOE con la redacción original de noviembre de 2009”, sino con mayores garantías judiciales de procedimiento, gracias a la enmienda pacatada en la Cámara Alta, para que “no se vulneren derechos fundamentales”.

Entre las diferencias que contiene la Ley “gracias al PP”, Chiquillo ha destacado el compromiso del Gobierno de suprimir el canon digital en tres meses, la posibilidad de negociación entre el denunciado y el denunciante para que pueda retirar los contenidos, la composición concreta de la Comisión de control, o que siempre se tenga que hacer una denuncia a instancia del titular de los derechos.

En contra de la aprobación de esta ley se han posicionado ERC e ICV, encuadrados en Entesa Catalana de Progrés (el PSC votó a favor), y algunos senadores del Grupo Mixto.

Tras conocerse el acuerdo entre PSOE, PP y CiU el pasado 24 de enero, los internautas ya comenzaron a manifestar su rechazo al reflote de la Ley Sinde, por entender que no es la solución al problema de las descargas ilegales e, incluso, por entender que podría ser inconstitucional, pues plantea, según alertaron, el cierre de webs susceptibles de publicar contenidos protegidos por derechos de autor.

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