El abogado de la Unión Sindical de los Controladores Aéreos (USCA), Miguel Ángel Alcaraz, defendió que al TC «tendrá que llegarle de alguna manera» esta presunta vulneración de la Constitución Española que, en su opinión, «rompe con toda la estructura del edificio jurídico».

La única posibilidad legal con la que cuentan los controladores para llegar al TC es conseguir que otro tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, tramite la demanda presentada hoy por su contenido en materia laboral, determine que existieron indicios de inconstitucionalidad y eleve el conflicto ante el TC.

«No existe un precedente anterior, es un caso absolutamente novedoso y altamente preocupante que, mediante un Real Decreto, se haya dejado desnudo a todo un colectivo de trabajadores», declaró el abogado del bufete Roca Junyent.

Los controladores aéreos no podían impugnar ante el TC el Real Decreto Ley, promovido por el Ministerio de Fomento, que regula la organización de su trabajo, ya que las asociaciones profesionales carecen de la legitimidad legal para promover recursos de anticonstitucionalidad.
La normativa sólo legitima para su presentación al presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, o 50 senadores. Cuando se trate de actos de las comunidades autónomas podrá interponer el recurso el órgano ejecutivo de la comunidad autónoma o la asamblea.

El abogado de Usca explicó que la tramitación de esta demanda «es independiente» y «no paralizará» las negociaciones del segundo convenio colectivo que AENA y el sindicato retomarán a partir del próximo 10 de marzo, según acordaron el pasado 25 de febrero.

USCA, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla, anunció hoy la presentación de esta demanda ante la Audiencia Nacional por el conflicto colectivo derivado de la modificación de las condiciones de trabajo de los controladores, mediante el Real Decreto que otorgaba el control de la organización laboral al Ministerio de Fomento.

USCA señaló en un comunicado que considera que el contenido del Real Decreto «vulnera diversos artículos de la Constitución Española», algunos de ellos «relativos a derechos fundamentales», concretamente, por el incumplimiento «de la normativa laboral vigente».

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