El presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, ha defendido el establecimiento de la mediación como paso previo antes de acudir a los tribunales del orden Civil y Mercantil, durante su intervención en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, coorganizado por el CEM y la Cámara de Comercio de Gran Canaria. En concreto, Catalá ha asegurado que la mediación obligatoria, contemplada en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que se está tramitando actualmente en las Cortes, “acreditará su capacidad para mejorar la agilidad del sistema de justicia español”, que padece un importante problema de congestión desde hace décadas.

Catalá, que está convencido de que la norma saldrá adelante en los próximos meses, ha señalado que actualmente hay un gran número de asuntos “sencillos o de escasa cuantía que saturan los tribunales y que podrán encauzarse perfectamente por la vía de la mediación, liberando a los jueces de una considerable carga de trabajo”.

Asimismo, el presidente del CEM cree que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal ayudará a dar a conocer, entre los ciudadanos y las empresas, la Mediación junto al resto de mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), y a implantar la cultura del diálogo. “Los españoles nos vamos enseguida a los tribunales, pero haríamos un favor a la justicia si no le pidiéramos a los jueces pronunciarse sobre ciertos conflictos y los intentáramos resolver por la vía de la negociación”, ha explicado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, que ha sido el encargado de inaugurar la jornada, ha afirmado que la mediación “supone una clara mejora, por tiempos y costes, respecto a la justicia impartida por los tribunales”, lo que en su opinión “contribuye a la competitividad de las empresas y otorga seguridad a las partes que controlan la solución del conflicto, al ser ellas mismas, quienes tienen que encontrarla”.

Padrón ha aprovechado la ocasión para poner en valor el acuerdo suscrito a finales de 2020 por la Cámara de Gran Canaria y el Gobierno Canario para derivar a mediación asuntos mercantiles, y que ha ayudado ya una docena de empresas a obtener acuerdos satisfactorios y de forma totalmente gratuita en un plazo medio de tres meses. “Nosotros estamos satisfechos, por lo que recientemente le hemos planteado a la Consejería de Justicia la posibilidad de ampliar el servicio de mediación a los conflictos de naturaleza, no solo mercantil, sino también civil que se den entre empresas”, ha adelantado.

La jornada ha concluido con una mesa redonda moderada por el Secretario General del CEM, Fernando Cabello de los Cobos, y en la que han participado el Juez Decano de las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso; la presidenta del Consejo Canario de Procuradores, Paloma Guijarro; y la Asociada del despacho de abogados de Garrigues, Zulay Rodríguez.

Precisamente, Zulay Rodríguez, ha explicado cual ha sido su experiencia como abogada de una empresa que solucionó durante 2022 dos asuntos a través de la mediación de la Cámara de Gran Canaria. Su valoración ha sido altamente positiva, “al conseguirse el acuerdo en pocos meses, además del considerable ahorro de costes que supuso para su cliente”.

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