La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar los balances del sector no financiero publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha advertido que, en líneas generales, «algunas empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad».
Según los datos analizados por la PMcM, aunque estas grandes compañías redujeron en 2012 en un 13% su plazo medio de pago a proveedores con respecto al año anterior, lo cierto es que el período medio alcanzó los 178 días, más del doble del máximo fijado por la ley para ese año (75 días).
Por sectores, el de la Construcción e Inmobiliario fue el peor pagador, alcanzando los 301 días de plazo medio de pago en 2012. Le siguieron, Servicios y Comercio (248), el Industrial (215), y el de Energía (109). Excepto el sector Industrial, que experimentó un incremento del plazo medio de pago de un 1% respecto a 2011, el resto de sectores registraron mejoras. Las empresas cotizadas en el selectivo grupo del IBEX 35 pertenecientes al segmento de la Construcción e Inmobiliario lo redujeron en un 22% y las de Energía un 17%, mientras que en Comercio y Servicios tan solo descendió un 3%.
Financiación a costa de los proveedores
El promedio de pago a proveedores de 178 días contrasta con las cifras correspondientes a los cobros que estas empresas realizan a sus respectivos clientes, notablemente menores, situándose en solo 76 días. “Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en parte, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Los clientes de las empresas que cotizan en el IBEX 35 han reducido el plazo medio de sus pagos a éstas en un 10% de media. Descensos mayores han tenido lugar concretamente en el sector de la Construcción e Inmobiliario (un 16%, con 130 días de periodo medio de pago), y en el de Energía (14%, con 61 días), donde las grandes compañías se beneficiaron de la mejora del tiempo de cobro de sus clientes.
En el sector Servicios y Comercio la media del período de pago por parte de los clientes de las cotizadas a éstas se situó en 70 días, frente a los 248 que emplean las grandes compañías en pagar a sus proveedores. En el Industrial, 80 días frente a 215.
Al realizar el análisis de los datos de la CNMV, la PMcM ha detectado ciertas anomalías. “Algunas de las cotizadas presentan en su memoria plazos medios excedidos muy diferentes a los que se desprenden de sus Estados Financieros (EEFF), lo que puede llevar a confusión al analista”, explica Cañete.
Propuesta de régimen sancionador
Ante la existencia de empresas con reiterados plazos de pago a proveedores que superan los límites permitidos por ley, la PMcM propone crear un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.
Otras de sus iniciativas son implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador; generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas; acabar con el trato de favor de algunos colectivos ante la Ley y una solución pasaría por derogar los artículos 17 de la Ley del Comercio Minorista y 228 de Contratación Pública; crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.
Para la PMcM, el descenso del 13% en los plazos de pago a proveedores por parte de estas grandes compañías con respecto al año anterior, “posiblemente pueda deberse en parte a la puesta en marcha de la reforma de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad y el plan de pago a proveedores, pero este esfuerzo es todavía claramente insuficiente”.
Las iniciativas del Gobierno de un nuevo plan de pago a proveedores y de las futuras sanciones a las AA.PP. incumplidoras, “son dignas de alabanza, pero se necesita más contundencia. Se hace ya necesario poner fin a esta lacra, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Es el momento de introducir mejoras en la legislación que aseguren su cumplimiento. Medidas no coercitivas y, sobre todo, la aprobación de un régimen sancionador con multas que castiguen los pagos a plazos superiores a los legales, serían un medio eficaz para evitar que continúen estas actuaciones”, sentencia el presidente de la PMcM.
Recomendaciones plan de pago a proveedores
El Gobierno acaba de anunciar que presentará en julio su último plan de pago a proveedores. Según el Gobierno, se está estudiando admitir facturas emitidas hasta junio de 2013. En principio no se cobrarán los intereses, excepto en las facturas con sentencias judiciales firmes.
Asimismo, se modificará la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, 2/2012 equiparando la deuda comercial con la financiera; se incrementará la fiscalización de las CC.AA. y las entidades locales; habrá un Real Decreto para ayudar a los ayuntamientos con problemas de pago en las mismas fechas y se intensificará el proyecto de “factura electrónica” y control de la fecha de entrada de las facturas para eliminar retrasos por problemas administrativos.
La PMcM tiene constancia de que con el anuncio del nuevo plan se han paralizado muchos de los pagos de las CC.AA. y Ayuntamientos a la espera de su puesta en marcha, ya que se presenta a un coste muy favorable para las entidades públicas.
Ante el inminente nuevo plan de pago a proveedores, la PMcM ha preparado una batería de demandas para acabar con la lacra de la morosidad y propuestas que recomienda sean tenidas en cuenta para garantizar el éxito de este nuevo plan.
La Administración debe asegurarse de “que el dinero fluya por toda la cadena productiva y no se quede en el proveedor o contratista principal”, solicita el presidente de la PMcM. Para ello, sería necesario que los contratistas, cuando cobren del plan de pago a proveedores, también paguen a su vez a sus subcontratistas en esas mismas obras. Una vez saldadas las deudas, entonces tendrían que informar a las AA.PP., una condición que debería ser indispensable para acceder a nuevos convenios de colaboración o concesiones administrativas con la Administración Pública que correspondiera.
La PMcM también reclama la “derogación del ya famoso artículo 228.5 del TRLCSP, que dispone que el contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre; y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista”.