Por Paloma Zabalgo Jiménez.  Socia-Letrada de Molina&Zabalgo abogados

 Los Puntos de Encuentro Familiares son un recurso fundamental para la protección de los menores en casos de ruptura familiar con existencia de graves conflictos y desajustes, existencia de violencia de género, así como por cualquier otra circunstancia que aconseje su establecimiento. Permiten no sólo un seguimiento del régimen de visitas establecido por resolución judicial, sino incluso un nivel de reeducación de las disfuncionalidades existentes en el seno familiar que permita preservar los vínculos del menor junto con cada uno de sus progenitores.

Los Puntos de Encuentro actúan como centros donde se produce la entrega y recogida de los menores e incluso en muchas ocasiones las sentencias judiciales acuerdan la derivación a estos centros, ante la necesidad de que el régimen de visitas se efectúe con carácter tutelado dependiendo de la situación de riesgo en la que se encuentre el  menor. Esta medida suele ser adoptada por los  Juzgados de Familia con carácter   excepcional y temporal, cuyo fin es proteger a los menores buscando soluciones al conflicto existente, y siempre persiguiendo el establecimiento de un régimen normalizado de visitas.

Hasta el momento, estos centros ya presentaban deficiencias por la falta de recursos existentes necesarios para tener una coordinación eficiente con los Juzgados y la Administración y con un equipo profesional adecuado para estudiar con la debida eficacia cada expediente. Todo ello se ha demostrado en la falta de uniformidad con los Juzgados, siendo además necesario una regulación procesal de los mismos que permita a los Jueces establecer el objeto de tal derivación, los fines a perseguir, y todas aquellas medidas que sean necesarias para el beneficio de los niños, ya sea el reestablecimiento de un régimen de visitas normalizado, ya sea su total supresión.

En este sentido, la Asociación de Abogados de Familia, AEAFA, viene reiterando desde hace varios años la necesidad de su implantación en todos los partidos judiciales; esto es, su ampliación para poder así atender debidamente cada asunto o expediente como un instrumento auxiliar fundamental en el derecho de Familia, proponiendo incluso una regulación de los citados Puntos de Encuentro.

Pues bien, la supresión de estos centros, supone una actuación en contra de lo que los profesionales del derecho de Familia están solicitando, tanto abogados, como jueces y psicólogos, habida cuenta la labor esencial de dichos centros, que no puede ser cubierta con la política denominada de “reorganización de recursos y supresión de duplicidades”.

Al igual que cada Juzgado de Familia precisa de un equipo psicosocial para atender con el debido rigor cada asunto, resulta fundamental el establecimiento de dichos centros para atender los expedientes con el mismo rigor. No solo porque una familia deba desplazarse a otra localidad para ejercer ese derecho de visitas, lo que supone traslados y molestias innecesarias para los menores, sino porque dichos centros van a desbordarse en su cometido, y no podrán atender a cada familia como precisa, vaciando de contenido su función.

Lógicamente, esto conllevará una saturación de los Jugados, al generarse denuncias por incumplimientos de visitas, demandas solicitando tutelas judiciales por situación de riego de los menores, al no poder o haber sido debidamente resueltas con una intervención profesional previa; familias que se verán obligadas a llevar a los menores a Comisarías de Policía para que se produzcan los intercambios, situación además muy agresiva para los menores, etc.

Ni siquiera resolverá el problema de aquellas familias con desajustes pero con posibilidades económicas, dado que si no existe medida judicial, no se acata el sometimiento a una intervención profesional para superar estos conflictos.

Estamos dando un paso atrás, y perjudicando a aquellos a los que tenemos que proteger por encima de todo, a los niños.