El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde a una directiva comunitaria para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Una actuación decidida contra estos actos de violencia es esencial para garantizar los valores y derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación. Los Estados miembros disponen ahora de 3 años desde la entrada en vigor de la Directiva para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional. 

violencia sexual - diario juridicoEn espera de su publicación en el Boletín Oficial de la Unión en los próximos días, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril, con 522 votos a favor, la primera Ley específica de la UE para combatir la violencia de género y doméstica. La Directiva exige leyes más severas contra la ciber violencia a la vez que una asistencia integral y mejorada a las víctimas y medidas de prevención efectiva.

Asimismo, prohíbe la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados y establece un marco de acción específico para los delitos cometidos a través de internet, como el stalking informático, la divulgación de información privada, el cyberflashing o la incitación al odio a través de internet y redes.

La nueva legislación introduce, además, una serie de circunstancias agravantes che conllevan sanciones y penas más severas, como son los delitos cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Las nuevas agravantes contemplan también la intención de castigar a las víctimas por su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas.

La directiva hace hincapié tanto en la prevención como en el castigo más adecuado de estos graves delitos, así como en la seguridad y el bienestar de las víctimas, que deben ser prioritarios, entre otras cosas, mediante el acceso a viviendas tuteladas.

Será obligatorio hacer accesible la asistencia sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades nacionales tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.

También es importante la especial atención que se presta, por primera vez, a las mujeres con discapacidad y a sus condiciones específicas, que a menudo conducen a la violencia interseccional.

Las nuevas normas, una vez en vigor, deberán ser incorporadas por los Estados miembros a su propia legislación en un plazo máximo de 3 años.


Sobre la autora

Letizia Bisignano Robledo, abogada área Penal. AGM Abogados

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