A través de una sentencia dictada en abril de 2009, el Tribunal Supremo declaró «nulo de pleno derecho» el protocolo de la UPV por el que este centro matriculaba a presos encarcelados en otros países y, posteriormente, desestimó el recursos de la UPV contra esta decisión. El Alto Tribunal estimaba que el protocolo vulnera el artículo 56 de la ley Orgánica General Penitenciaria.

Este artículo exige que medie un convenio entre la Administración Penitenciaria y la universidad correspondiente para que los internos en cárceles españolas puedan cursas estudios universitarios. El Supremo considera que si se excluye de la aplicación de este precepto a las personas presas en el extranjero, «se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza a la que aspiran».

La interposición del recurso de amparo ya había sido anunciada por la UPV, aunque su presentación efectiva, que data del 14 de diciembre de 2009, no había sido dada a conocer hasta hoy, cuando el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, compareció ante la Comisión de Educación del Parlamento vasco para informar sobre este asunto.

Goirizelaia argumentó que la petición de amparo ante el Tribunal Constitucional responde al objetivo de defender «la autonomía universitaria», que ha su juicio se ha visto vulnerada por la referencia que hace el Tribunal Supremo a la necesidad de velar por «las garantías» en la calidad de la enseñanza. El rector de la UPV aseguró que «la garantía de la calidad académica depende de la misma Universidad, no de Instituciones Penitenciarias», manifestó.

Además de este argumento, defendió el papel de la formación como vehículo para la reinserción de los reclusos. Por otra parte, y en respuesta al PP, destacó que, hasta el momento, todas las actuaciones judiciales practicadas «demuestran que no ha habido irregularidades» en la calificación de los presos de ETA que han estudiado en la UPV.

Aseguró que la defensa del derecho de los presos a matricularse en la UPV tiene «un amplio respaldo» en la propia universidad y que el consenso social en torno a este asunto es también «muy amplio».

El parlamentario del PP Ramón Gómez Ugalde, cuyo grupo solicitó la comparecencia de Goirizelaia, subrayó que en el fondo del debate subyacen «las numerosas irregularidades denunciadas» en relación con supuestos tratos de favor de la UPV hacia presos de ETA.

Y censuró que algunos de los contenidos del protocolo anulado por el Supremo «discriminaban» al resto de alumnos en relación con las personas que estudiaban desde la cárcel. Respecto al respaldo social a la matriculación de presos en la Universidad del País Vasco, aseguró, en referencia a una protesta por este tema celebrada el 17 de diciembre de 2009, que la movilización terminó «con gritos de apoyo a ETA».

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