Las empresas públicas están avanzando en la consecución de los requisitos que recoge la Ley de Economía Sostenible, según refleja el Estudio sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la empresa pública que se presentó el pasado jueves por parte de Forética, Adif y Garrigues Medio Ambiente en el Palacio Fernán Núñez de Madrid. Concretamente, el estudio, elaborado a partir de una encuesta en entidades estatales, autonómicas y locales y enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020, pone de manifiesto que el 27,5% de las empresas publican memoria de sostenibilidad y el 52% integra criterios sostenibles en sus políticas de selección de proveedores.
Sin embargo, el Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, recalcó que «las empresas públicas han de comprometerse ahora más que nunca a integrar la RSE en su gestión como un modelo eficaz para su estrategia de negocio» y añadió que la RSE «debe ser contemplada por ellas como un valor, y nunca como una obligación o un gasto». A la hora de identificar las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de integrar la RSE en su modelo de negocio, el documento pone en evidencia que éstas son la ausencia de estrategia continuada, la falta de concienciación de los trabajadores y la escasez de recursos disponibles.
Hablando de cifras, el informe refleja que una quinta parte de las empresas públicas ha establecido una política formal de RSE y el 35% de este tipo de entidades cuenta con departamento de RSE. Las entidades públicas de mayor tamaño son las que primero empiezan a integrar aspectos relacionados con la RSE en sus organizaciones. Sin embargo, una de las mayores diferencias entre empresas privadas y públicas es que para estas últimas la RSE parece ser una herramienta de legitimación de cara a su propia existencia, más que como elemento de competitividad. El estudio concluye que existe una notoriedad alta del fenómeno RSE entre las empresas públicas, lo que podría indicar que este tipo de empresas tienen mayor conocimiento que la media sobre qué es la RSE. Aún así, cabe decir que la Ley de Economía Sostenible incluye exigencias únicamente para la integración de la RSE en las empresas públicas estatales.
Concretamente, la ley recoge distintos requisitos de actuación como que las empresas públicas publiquen informes de gobierno corporativo. En este sentido, prácticamente 3 de cada 4 de las empresas públicas lo están haciendo y el 11,6% están en proceso de realizarlo. Por otro lado, un 27,5% de las empresas públicas publican memoria de sostenibilidad tal y como requiere la Ley y un 7% están en proceso de hacerlo. En referencia a las políticas de compras públicas sostenibles, la encuesta refleja que la mitad de las empresas públicas está incorporando cláusulas sociales y medioambientales en sus políticas de selección de proveedores, y una de cada cinco prevé implementarlo a corto plazo. Otro de los requerimientos de la Ley consiste en establecer sistemas de medición y control del consumo energético, punto que han adoptado ya un 65,2% de las empresas públicas, mientras que un 13% está en proceso.
Los datos sobre el estado de situación de la RSE en las empresas públicas que se han extraído a partir de este estudio servirán de guía para la siguiente fase del proyecto de Forética, que consistirá en la creación de una plataforma de empresas públicas que dote de contenido un centro de recursos de RSE especializado en empresas del sector público.