España es el segundo país inversor en Latinoamérica, por detrás de Estados Unidos, con importantes inversiones en los sectores de energía, telecomunicaciones, distribución de agua y electricidad, servicios financieros y la construcción.

El impacto global de las empresas españolas sobre la economía latinoamericana ha contribuido a la mejora del nivel de vida de la población, aventura un estudio.

Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol, Endesa, OHL, Sacyr, Gas Natural, Iberdrola, ACS,… son algunas de las más de 400 compañías españolas con intereses en esta región, y sólo ocho de ellas concentran el 80% de la inversión.

En algunos países están cerca del monopolio en sectores clave como los mencionados, lo que provoca un creciente rechazo por parte de la ciudadanía, en parte por la creencia de que algunos gobiernos han concedido condiciones demasiado favorables a las compañías trasnacionales para establecerse en su territorio, según destaca la ponencia en el Senado español del Estudio sobre el papel de las empresas españolas en América Latina.

La relación entre seguridad e inversiones

Es interesante observar el correlato entre seguridad jurídica -condición básica para el progreso de las inversiones extranjeras- y la seguridad ciudadana que recoge el informe Latin Security Index, realizado por FTI Consulting, y que apunta a Haití, Venezuela y Honduras como los tres países latinoamericanos con más riesgos.

El caso de Venezuela destaca por haber pasado de ser un destino tradicionalmente atractivo para la inversión española, a ser uno de los países que presenta más riesgos, debido al aumento de la inseguridad jurídica reflejada en expropiaciones compulsivas, la cuestionable independencia del poder judicial y los constantes cambios regulatorios ante problemas financieros.

A esto se suma el rampante aumento de la delincuencia, los delitos violentos y secuestros extorsivos, situación que disuade a muchos directivos de instalarse allí.

En la otra cara de la moneda, encontramos los países que se están esforzando por reducir la inseguridad ciudadana. Es el caso de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Panamá y Perú, que escalan puestos en el ranking de fiabilidad como destino inversor.

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