La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en materia de derechos fundamentales. Los hechos objeto de enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por el Fútbol Club Barcelona contra el diario Le Monde por la información publicada los días 7 y 8 de diciembre de 2006 en la que se vinculaba al Fútbol Club Barcelona con un imputado por prácticas de dopaje en un procedimiento penal iniciado a raíz de la denominada «Operación Puerto». La demanda fue estimada en primera instancia y confirmada esta resolución por la Audiencia Provincial, que modificó, sin embargo, las medidas para el resarcimiento.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Xiol Ríos, desestima el recurso de casación interpuesto por el medio informativo francés. En la ponderación de los derechos fundamentales en colisión, atendiendo a las circunstancias del caso, la sentencia declara que no puede mantenerse la prevalencia de la libertad de información sobre el derecho al honor de la recurrente, al no haber ejercido la libertad de información de forma legítima, pues pese a que existía un interés público elevado en el asunto, la información publicada no era veraz, al haber utilizado datos inconsistentes y no contrastados, siendo las fuentes y la comprobación llevada a cabo por el periodista insuficientes para la publicación de una noticia que por su gravedad y trascendencia social implicaba el descrédito en la consideración del Club.

Como se recordará, la Operación Puerto (OP) es una operación contra el dopaje en el deporte de élite realizada en España. Este proceso permitió desarticular una red de dopaje liderada por el doctor Eufemiano Fuentes; dicha red ofrecía diversas prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes deportistas:hormonas (incluyendo EPOtestosterona y otros anabolizantes), medicamentos y transfusiones sanguíneas.

Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron en febrero de 2006 y desembocaron en detenciones y registros el 23 de mayo, fecha en que se conoció la existencia de dicha operación. Se anunció entonces que entre los clientes de la red de dopaje desarticulada había futbolistastenistas,ciclistas y atletas. Sin embargo, en el sumario del caso el instituto armado sólo identificó a 58 ciclistas como clientes de la red. La investigación se vio lastrada al no permitir el juez Serrano a los investigadores que se analizara toda la documentación incautada.

Al no ser el dopaje un delito en ese momento en España, el juez Serrano sólo estudió un posible delito contra la salud pública, que sólo incriminaría a los responsables de la red, no a sus clientes (los deportistas). El juez, al no hallar dicho delito, archivó el caso, quedando absueltos todos los imputados. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en dos ocasiones la reapertura del caso, hallándose en estos momentos a la espera de un juicio oral.

Además, el juez Serrano se negó a facilitar a los organismos deportivos internacionales (AMA y UCI) las pruebas recabadas durante la investigación, lo que impidió que los deportistas identificados como clientes de la red de dopaje recibieran sanciones deportivas.

Ante la negativa de las autoridades españolas a continuar con las investigaciones o a facilitar a otros organismos datos para que los clientes pudieran ser sancionados, países como Alemania e Italia iniciaron sus propias investigaciones sobre el caso. Las investigaciones realizadas por esos países han permitido, de momento, la confirmación (y consiguiente sanción) de seis clientes deportistas, todos ellos (salvo uno) ya identificados por la Guardia Civil.

 

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