Por Javier Aunión. Estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid

El Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre aprobó una serie de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales  y otras catástrofes naturales.

Una de estas medidas, es que las Administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar al servicio público de empleo, la adscripción de trabajadores preceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social llevando a cabo las obras de reparación de los daños causados. En definitiva, limpieza y reconstrucción de montes quemados.

Para ello el Gobierno deberá llevar a cabo convenios con las distintas comunidades, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. Por tanto un plan llevado a cabo tras una de las peores campañas de lucha contra incendios forestales de las últimas décadas, que puede que no esté listo para la campaña del próximo año.

Esta colaboración social de parados vendría justificada con lo establecido en el art. 213.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En España deberíamos disfrutar de un sistema de Seguridad Social bajo los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

Desde luego podemos descartar la universalidad cuando aproximadamente un 35% de los parados no tienen ningún tipo de prestación por parte de la Administración pública. Y este porcentaje va aumentando con rapidez debido a la poca creación de empleo y al desempleo de larga duración.

Pero tampoco, a mi juicio, va a ser un sistema bajo el principio de igualdad. Ahora tendremos unos preceptores que podrán ser destinados a limpiar montes y otros que por su formación, de momento no. Digo de momento porque quizás en el futuro se les busque otras labores de colaboración social. ¿Quién sabe?

Es una medida de una improvisación absoluta que pretende criminalizar a los trabajadores por la situación en la que se encuentran. Para el Gobierno el crimen que han cometido estos trabajadores es el despilfarro de prestaciones, y la consecuencia recuerda mucho a la remisión de penas, es decir, los trabajos forzosos.

El que se niegue o incumpla sus obligaciones podrá ser sancionado según el texto refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Entre las consecuencias de dicho incumplimiento se prevé, entre otras, la pérdida del derecho a la prestación temporal o definitiva.

Además no se ha facilitado en absoluto información sobre las jornadas de trabajo que deberán llevar a cabo, los respectivos descansos, los seguros sobre accidentes laborales, las medidas de prevención de riesgos… Tampoco existe información acerca de la formación que deberían recibir los trabajadores para llevar a cabo sus tareas. Un caos absoluto fruto de la ut supra espontaneidad.

No podemos olvidar que muchos de esto desempleados se encuentran en esta situación justamente gracias a una reforma laboral que ha facilitado el despido y el ERE, aprobada por este mismo Gobierno.

¿No sería más justo que se mandara a limpiar montes a los creadores de la burbuja inmobiliaria y a los miembros de los consejos de administración de las entidades financieras que nos han llevado a este caos económico?

Lo único positivo que se puede destacar es que se les garantizará el cobro del salario mínimo interprofesional a todos los requeridos para estas tareas. Es decir: 641.40€/mes, en virtud del Real Decreto 1445/1982.

Con esta medida no se pretende incentivar la búsqueda de empleo o la creación de empresas que puedan ofrecer  puestos de trabajo por parte de los desempleados.  Se pretende justificar, por ejemplo, el ERE que afecta a casi 700 trabajadores en Castilla La Mancha de la empresa pública GEACAM que se dedica a estas labores.

Y no se puede obviar que otra repercusión de esta espantosa disposición hará caer los sueldos del sector y la desaparición de muchas empresas dedicadas a estos menesteres, con los consecuentes despidos a sus trabajadores.

 

 

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