El objetivo del Real Decreto es situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos publicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo además la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas como principio básico de la democracia.

El Real Decreto detalla para la Administración General del Estado (AGE) las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.

El sector público produce información que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos y por la industria de contenidos digitales, como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación.

El texto precisa las obligaciones de las Administraciones y organismos del sector público para promover la reutilización. En concreto, establece una autorización general para la reutilización de la información disponible en la AGE, salvo que lo impida la normativa de acceso o una normativa específica, como la aplicable a la protección de datos de carácter personal. Asimismo, define un responsable en materia de reutilización de la información en cada organismo público en el ámbito de la AGE.

El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado inicialmente en el marco del Proyecto Aporta (www.aporta.es), que permita acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública disponible, en principio en el ámbito de la AGE.

En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, siendo aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.

Gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.

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