Tras la aprobación de la norma, el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña y la Conselleria de Salud han creado una comisión de trabajo para su despliegue, y los profesionales que no cuenten con la tarjeta podrán acudir a un centro de atención primaria (CAP) para pedirla.
La nueva ley beneficia a los profesionales liberales -que no tienen la obligación de cotizar en la seguridad social-; a los miembros de congregaciones religiosas, y a los colectivos con riesgo de exclusión social o marginalidad, que por primera vez accederán a la cobertura gratuita.
Estos colectivos representan el 0,7 por ciento de la población catalana, que ‘de facto’ quedaba excluida de la asistencia sanitaria pública, ya que para ser atendida debía pagar por estos servicios.
No obstante, la mayoría de los colectivos afectados gozan, e históricamente así ha sucedido, de mutuas específicas.
