AEDAFLa tercera y última jornada del IX Congreso anual de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ha vuelto a poner sobre la mesa el riesgo de que la crisis económica derive en una crisis institucional que pueda amenazar la protección jurídica de los ciudadanos y de las empresas. En concreto, se analizaron las novedades respecto a las medidas cautelares en materia fiscal que, a partir de ahora, podrán ser adoptadas en cualquier momento de cualquier procedimiento de aplicación de tributos, incluso una vez formalizada la demanda por delito contra la Hacienda Pública.

Desde AEDAF se puso de manifiesto el temor a que se produzca un “desapoderamiento de los jueces a favor de la Administración tributaria”, una tendencia que aseguraron puede profundizarse en la próxima reforma de la Ley General Tributaria. Para intentar solventar el problema cabe resaltar por su interés, tanto para la Administración como para los profesionales fiscales, la posibilidad de plantear un recurso sumarísimo, en vía económico- administrativa, ante la adopción de medidas cautelares dentro de unos determinados parámetros.

La clausura del Congreso, que se celebró la pasada semana en Granada con el lema: “La justicia: ¿un valor en decadencia?” contó con la presencia del decano del Colegio de Abogados de la ciudad, Eduardo Torres, quien destacó la importancia de este encuentro por la gran tradición jurídica granadina. Por su parte, el vocal del CGPJ, Ramón Camp, señaló que estas convocatorias son importantes para la formación tanto de los miembros de la judicatura como para los asesores fiscales.

Asimismo, Camp indicó “que no nos podemos permitir que la Justicia sea considerada como un valor en decadencia, para lo cual es precisa la aportación de más medios a la judicatura con el fin de que pueda cumplir su función, una tarea que es inherente al sistema democrático y de la que depende la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Además, el vocal del CGPJ abogó por la mediación en el ámbito tributario como medio alternativo para la resolución de conflictos.

Entre otros asuntos debatidos, destacó la “Sentencia del Tiro único” del Tribunal Supremo, del 19 de noviembre de 2012, al permitir a la Administración tributaria girar nuevos actos administrativos a pesar de haber incurrido en defectos formales y materiales, permitiendo, a su vez, que los actos nulos interrumpan la prescripción al igual que los actos anulables; “con el efecto consiguiente de que el Tribunal respalde la retroacción de las actuaciones inspectoras sobre un asunto de hace más de 20 años”, indicaron los participantes en el congreso.

Este posicionamiento del TS ha generado dudas sobre la constitucionalidad o no del concepto de prescripción alegado por el Alto Tribunal en dicha sentencia y una opinión generalizada sobre el deber de la Administración a actuar de acuerdo al derecho.

Valores catastrales

Otro de los temas tratados fue la problemática de las ponencias de valores catastrales, cuestión espinosa, dada la dificultad que entraña la valoración del conjunto de bienes inmuebles de una población y la naturaleza jurídica de la misma, incidiendo especialmente en la consideración de las ponencias catastrales como acto administrativo desde la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de febrero de 2011.

Y es que las ponencias catastrales no son notificadas individualmente a cada titular, sino que son publicadas en el Boletín Oficial de la provincia a la que afecte. Esto implica que el contribuyente sólo es consciente del nuevo valor catastral asignado a su propiedad cuando recibe el recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles, de ahí la dificultad de impugnar las ponencias de valores; “lo que deja a los contribuyentes en una situación de indefensión ante un acto consentido y firme de la Administración”, aseguraron los ponentes.

Las facturas de IVA

También destacó el análisis realizado sobre la problemática de la inadmisión de facturas como medio de prueba en el IVA e Impuesto de Sociedades y las diferencias de criterio, siempre existentes, entre los Tribunales y la Administración tributaria. Se enumeraron los requisitos formales que debe reunir la factura como medio de deducción en estos impuestos, recordado que la factura no es el único medio de prueba a efectos de la deducción del impuesto, como se ha venido pronunciando en repetidas sentencias el Tribunal Supremo, al aceptar, como medio válido de deducción del IVA, la escritura pública.

Especial importancia tiene el tema de las facturas falsas, por tratarse de facturas que no conteniendo defectos formales, impiden la deducción del impuesto por no corresponderse con operaciones reales.

Respecto al asunto sobre la carga de la prueba, se volvió a poner de manifiesto la disparidad de criterios entre Administración y Tribunales, puesto que para la primera la carga de la prueba deberá ser compartida entre contribuyente y administración, mientras que para la segunda ésta deberá ser aportada por quién más facilidad tenga para acceder a la misma.