El tribunal señala que «la prohibición excede el límite legal, vulnera el derecho fundamental de reunión de guardias civiles y ha de ser declarada nula de pleno derecho».

La sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM concluye que los guardias civiles son titulares de los derechos de reunión y de la libertad de expresión y que éstos sólo pueden ser limitados por un motivo «legalmente tasado» y que guarde «proporcionalidad» con el bien jurídico que se pretenda proteger.

El acto de protesta, con el que los guardias civiles quieren reclamar la equiparación de su jornada laboral con la de la Policía, había sido convocado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y posteriormente se adhirió la Unión de Oficiales (UO). La Delegación del Gobierno en Madrid alegó para justificar su prohibición que en la marcha se iban a hacer reivindicaciones sindicales prohibidas a los miembros de la Benemérita.

El TSJM entiende, sin embargo, que el Gobierno identifica el carácter «profesional-laboral» de las reivindicaciones «con el carácter sindical» previsto en la ley «con la finalidad de justificar la prohibición» de la marcha.

Los magistrados recuerdan que la Ley Reguladora de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, aprobada en 2007, autorizó la creación de asociaciones de guardias «para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales», entre los que se hacía referencia expresa al horario de trabajo.

«Resulta por lo tanto evidente, a juicio de la sala, que profesional y sindical son dos realidades distintas», añade la sentencia.

Los magistrados dicen también que la propia Delegación del Gobierno en Madrid había autorizado este mismo año dos concentraciones de guardias civiles en la vía pública en demanda de mejoras laborales, «sin que haya explicitado las razones que la han llevado a ese cambio de criterio, algo que escapa este tribunal».

Tras conocer la decisión inicial de la Delegación del Gobierno de prohibir su marcha, los convocantes aseguraron ante la prensa que el Ministerio del Interior les trataba «como etarras». Y en previsión de que la Justicia no les hubiera dado la razón, ya contaban con realizar un acto alternativo en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

El TSJM sí ha dado la razón a la Delegación del Gobierno al desestimar el recurso interpuesto por la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, que había convocado una manifestación de apoyo a la Guardia Civil para el día 18 que también fue prohibida. En este caso, el TSJM sostiene que dicha asociación no presentó a tiempo la solicitud para concentrarse.

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