El TC lo hizo en una sentencia firmada el pasado 22 de diciembre.
La decisión del TC significa que podrán ser oídos y podrán tener un abogado que les defienda cuando las comunidades autónomas y las delegaciones del Gobierno les quieran expulsar de España, informó El Mundo.
La decisión del TC significa que si el joven tiene madurez suficiente y está capacitado, podrá defender sus intereses personales si cree que lo que pretenden sus tutores le perjudica o no está de acuerdo con ello.
La sentencia de la Sala 1 del Constitucional afirma que el TSJM «vulneró el derecho del menor a la tutela judicial efectiva» y que con la actuación del máximo tribunal madrileño, de la Comunidad de Madrid y de la Abogacía del Estado «se ha lesionado su derecho (el del menor) de acceso a la jurisdicción para defender intereses personalísimos».
Incluso el TC critica que se negara legitimidad al colectivo que trató de ayudar al chico y que el TSJM «abortara» la posibilidad de pronunciarse sobre una posible «vulneración de los derechos fundamentales».
El Constitucional reconoce el derecho del menor a una tutela judicial efectiva, dice que puede tener una representación judicial y ordena que se dicte una nueva resolución «respetuosa con un derecho fundamental reconocido».
