El TC lo hizo en una sentencia firmada el pasado 22 de diciembre.

La decisión del TC significa que podrán ser oídos y podrán tener un abogado que les defienda cuando las comunidades autónomas y las delegaciones del Gobierno les quieran expulsar de España, informó El Mundo.

La decisión del TC significa que si el joven tiene madurez suficiente y está capacitado, podrá defender sus intereses personales si cree que lo que pretenden sus tutores le perjudica o no está de acuerdo con ello.

La sentencia de la Sala 1 del Constitucional afirma que el TSJM “vulneró el derecho del menor a la tutela judicial efectiva” y que con la actuación del máximo tribunal madrileño, de la Comunidad de Madrid y de la Abogacía del Estado “se ha lesionado su derecho (el del menor) de acceso a la jurisdicción para defender intereses personalísimos”.

Incluso el TC critica que se negara legitimidad al colectivo que trató de ayudar al chico y que el TSJM “abortara” la posibilidad de pronunciarse sobre una posible “vulneración de los derechos fundamentales”.

El Constitucional reconoce el derecho del menor a una tutela judicial efectiva, dice que puede tener una representación judicial y ordena que se dicte una nueva resolución “respetuosa con un derecho fundamental reconocido”.

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