Los menores serán considerados víctimas directas de la violencia de género

El Gobierno reformará la Ley integral contra la violencia de género para incluir a los hijos de las mujeres maltratadas también como víctimas directas, según el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que aprobó el pasado viernes y que tiene como objetivo reforzar la protección del menor.

Por primera vez, el Plan de Infancia cuenta con una estimación presupuestaria, que la ministra ha cifrado en 5.159 millones de euros para los próximos cuatro años, entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Las medidas más relevantes del Plan conllevarán una modificación normativa, a través de una Ley Orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia. La modificación afectará a once leyes, entre las que destacan el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Además, como novedad, el Gobierno incorporará un informe sobre el impacto en la infancia en todos los proyectos de ley y de reglamento, de la misma manera que ya ocurre con el impacto de género.

Promoción del conocimiento de la infancia

El primer objetivo del Plan es la promoción del conocimiento sobre la situación real de la infancia y la adolescencia en España. En este punto, se va a llevar a cabo una definición legal del concepto jurídico indeterminado «interés superior del niño», en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Asimismo, se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que serán herramientas útiles para combatir estos abusos.

Dentro de este objetivo se incluyen otras medidas, como la aprobación de un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar la atención temprana y rehabilitación.

Se eleva a los 16 la edad mínima para casarse

Dentro del segundo objetivo, apoyo a las familias, está previsto avanzar en medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad, que se concretarán en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que se aprobará en los próximos meses. Asimismo, se contempla una mayor ayuda a las familias en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales.

También, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y del Consejo de Europa, el Gobierno va a revisar algunas de las edades mínimas previstas legalmente.

En primer lugar, la edad para contraer matrimonio. En la actualidad, se sitúa en dieciocho años, pero se mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con catorce años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para subir la edad a los dieciséis años.

En cuanto al consentimiento sexual, se elevará en línea con los países de nuestro entorno, con el fin de evitar los abusos a menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia. La ministra ha propuesto que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento.

Medios de comunicación y tecnologías de la información

En relación con los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, el Plan contempla el refuerzo de los sistemas de seguridad en la Red. Se potenciarán los sistemas de filtrado desde los servidores y la adopción por parte de las empresas de códigos de conducta adecuados. También se ofrecerán acciones de formación y sensibilización a niños y familias.

Estas medidas tienen como objeto la prevención de abusos o explotación sexual de niños y adolescentes. Por el mismo motivo, se introducirán nuevos tipos delictivos en el Código Penal: «ciberacoso», «ciberbullyng», «childgrooming», etcétera. Asimismo, se promoverá una actuación responsable de los medios de comunicación, regulando los contenidos a los que acceden los niños.

Menores en situación de riesgo o desprotección

El Gobierno va a definir, por primera vez, en una norma estatal, las llamadas situaciones de riesgo y desamparo, y se atenderá a las necesidades especiales de estos niños, priorizando siempre su integración en un núcleo familiar y la atención a sus necesidades sanitarias, educativas, etcétera. En este sentido, se va a priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial.

Una política como ésta tiene un punto de arranque: la comprobación médico-científica de que ayuda mucho más al menor formarse en un contexto de relaciones sociales-familiares. Así, se unificarán los criterios de selección de las familias acogedoras, se crearán redes de apoyo, tanto para la familia biológica que no puede mantener al niño/a, como a la que lo acoge y se potenciará un mayor grado de especialización y profesionalización de las propias familias que decidan acoger a un menor.

– Integración en una familia

En concreto, se pretende que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia. Para ello, se emplearán las «familias de urgencia», que darán un acogimiento profesionalizado en los casos en que sea necesario. Asimismo, se crea la figura de la «guarda con fines de adopción», que permitirá, por ejemplo, que un bebé dado en adopción nada más nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida un juez. De este modo, las modalidades de acogimiento pasan de tres (simple, permanente y preadoptivo) a dos: temporal y permanente.

– Adjudicaciones

Asimismo, la reforma de la legislación de la infancia introducirá novedades en las adopciones, como las adopciones abiertas, en las que el menor conserva ciertos vínculos con su familia biológica.

España es uno de los países que más adopciones internacionales tramita, y dado el contexto internacional, se hace prioritario estrechar la coordinación con las Comunidades Autónomas (que tienen la competencia) para reforzar las garantías del menor. Ello pasa por establecer las cautelas necesarias y asegurar que los trámites se adecúan a la salvaguarda del interés del menor. En la medida de lo posible, se agilizarán los canales de información entre países.

– Pobreza infantil y violencia de género

Dentro del mismo objetivo 4, se incluyen medidas para luchar contra la pobreza infantil. Destaca la próxima presentación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, que identificará las acciones prioritarias a favor de la inclusión. También será un objetivo estratégico en el próximo Plan de Inclusión Social.

En cuanto a la violencia de género, el Plan incorpora garantías de protección de los hijos de las víctimas. Desde principios de 2013 la estadística de violencia de género incorpora a los menores que quedan huérfanos por esta causa. El Plan prevé reconocerlos como víctimas del maltrato. Se procurará, asimismo, que los hijos permanezcan con su madre en estos casos.

Situaciones de conflicto social

En cuanto a la prevención y la rehabilitación ante situaciones de conflicto social, el Plan propone desarrollar programas de prevención del riesgo de infracción social por parte de menores de edad, como el vandalismo, y reforzar las políticas para prevenir la actuación de grupos o bandas juveniles violentos. Estos programas buscarán reforzar el papel de las familias, las escuelas y los educadores para evitar las causas de la violencia.

Educación de calidad

Otro de los objetivos del Plan es garantizar una educación de calidad para todos los niños y adolescentes, incluyendo formación en valores como el respeto, la autoridad del profesorado y la convivencia. En este objetivo se encuentran medidas para prevenir el fracaso y el absentismo escolar y la atención a menores con necesidades especiales.

En este sentido, se impulsará la gratuidad total de la educación infantil desde los tres años de edad y la atención educativa temprana de menores con discapacidad.

Salud integral

El Plan incluye medidas específicas para promover una buena salud y hábitos saludables en la infancia y adolescencia, una vez más, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables. Éstas son algunas de las medidas contempladas:

– Se unificará la normativa para homogeneizar la edad de acceso al consumo de alcohol en los dieciocho años.
– Los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los dieciocho años y no hasta los catorce, como hasta ahora. Se cumple, así, una demanda de las familias de los niños con graves enfermedades.
– Se reforzará la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de trastornos alimentarios, para evitar la obesidad, que afecta al 10 por 100 de los niños y adolescentes, y el sobrepeso, que afecta al 20 por 100, según la última Encuesta Nacional de Salud. En este ámbito, se enmarcan medidas como la práctica diaria de ejercicio físico en los colegios.
– Se pondrá en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil, en línea con la reciente creación del título de Médico Especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.
– Se incorporarán medidas de prevención de embarazos no deseados, así como de promoción de la salud durante el embarazo, con especial apoyo a las adolescentes gestantes y madres.

Participación infantil

El último objetivo del Plan de Infancia es la promoción de la participación infantil y la creación de entornos adecuados para favorecer su desarrollo. En un plan que quiere poner a la infancia en el centro de todas las decisiones, hay medidas destinadas a fomentar su participación en todos los niveles, como el voluntariado infantil y juvenil y el asociacionismo adolescente.

Este objetivo incluye otras medidas, como las dirigidas a la educación para un consumo responsable y la participación infantil en los municipios.

En suma, el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 constituirá, en palabras de la ministra, «un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave represente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país, de una manera integrada y transversal».

La ministra también ha agradecido su participación a los 10 ministerios que han participado en la elaboración del Plan, así como a las CC AA, entidades locales y ONG del tercer sector. Todos ellos, ha dicho, han contribuido a «mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses».