«El Notariado está a la espera de que los actuales responsables del Ministerio de Justicia tengan en cuenta el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de agosto», recordó Ojeda durante un encuentro con la prensa en el que realizó un balance de los 100 primeros días de su gestión.
Este acuerdo del Gobierno estableció la llamada Hoja de Ruta de Reforma del Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva para otorgar rango de ley al reglamento notarial y reestablecer así el control de de legalidad anulado por la revocación del artículo 145 del Reglamento Notarial.
Ojeda explicó que el texto del anteproyecto de ley del nuevo reglamento notarial está ya en manos tanto del Gobierno como del grupo parlamentario socialista, y que su aprobación podría introducirse dentro de la futuras Ley de Oficina Judicial o de la ‘Ley Onmibus’.
«La hoja de ruta debe estar fundamentada en el interés general y bajo el servicio de los ciudadanos, nunca bajo algún interés corporativo privado», afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, quien achacó el retraso al cambio del ministro de Justicia el pasado mes de febrero y a la remodelación del Gobierno del pasado mes de abril.
Por otro lado, Ojeda informó de que durante el primer trimestre de 2009 la actividad notarial mantuvo el descenso del 20% registrado durante los doce meses de 2008 y respecto a 2007. «Este dato desmiente la previsión de una bajada del 40% realizada a principios de este año», explicó.
«Todavía es prematuro concluir cómo va a acabar este año, pero un hecho decisivo será que las entidades financieras abran el grifo», afirmó Ojeda, quien defendió que el precio de la vivienda «se está ajustando y no habrá una gran bajada».
En cuanto al Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales, pendiente de tramitación, Ojeda declaró que los notarios «seguirán siendo sujetos obligados» a controlar las posibles actividades de lavado de dinero, y advirtió de que «sería muy negativo que a otros funcionarios se les diera esta condición».