En un año marcado por la crisis económica, la oficina del Defensor ha experimentado un incremento en las quejas recibidas de más de un 25 por ciento con respecto a 2009.

En total se han iniciado 34.000 expedientes en 2010. Las quejas relacionadas con la economía y las prestaciones sociales han sido las más frecuentes.

Seguridad y Justicia

La labor de la oficina del Defensor del Pueblo ha estado muy centrada en 2010 en intentar aportar soluciones a la lacra de la violencia de género. Otros temas sobre los que se ha hecho especial hincapié son la actuación policial y las disfunciones del sistema judicial denunciadas por los ciudadanos.

De esta forma, y entre otras actuaciones, destaca la propuesta de la Defensoría para que las pulseras antimaltrato se utilicen para el control del cumplimiento de las penas y no sólo como medida cautelar.

La institución ya ha recibido comunicación de las autoridades competentes informando de que su planteamiento será estudiado.

En cuanto a la actuación policial, la oficina del Defensor del Pueblo ha criticado la Circular 1/2010, sobre privación de libertad a extranjeros, en la que se planteó una doctrina clara en cuanto a cuando se puede o no trasladar a estas personas a comisaría.

Por lo que se refiere a la situación general de la Justicia, se han vuelto a detectar dilaciones indebidas, de carácter estructural.

En 2011 este área presentará un informe sobre las penas alternativas a la prisión en delitos menores.

Administración económica

Varias han sido las investigaciones abiertas por la oficina del Defensor del Pueblo en materia económica a lo largo de 2010.

La actual situación de crisis ha llevado a un considerable número de ciudadanos a exponer ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal, al estilo de lo que sucede en otros países de la Unión Europea.

En opinión de esta Defensoría, la actual legislación, que aplica la Ley Concursal a este tipo de casos, no ofrece una respuesta adecuada, tanto por el elevado coste que conlleva -que provoca un mayor empobrecimiento de quien ya se encuentra en una situación precaria- como por la dilación excesiva en el tiempo de este tipo de procedimientos.

Además, según la oficina del Defensor, en el caso concreto de las familias, una de las principales deudas a las que deben hacer frente es la hipotecaria y la especial protección que la Ley Concursal ofrece a los acreedores con garantías reales, impide que dicha deuda se vea pospuesta o interrumpida, lo que dificulta la recuperación de la economía doméstica.

La institución del Defensor del Pueblo, aboga por crear mecanismos de arbitraje que solucionen este tipo de problemas que, por ejemplo, propicien que el plan de pago a los acreedores se realice de manera pactada y bajo el control de la administración o del juzgado.

Se pretende con ello que las familias, sin dejar de atender a sus obligaciones, también puedan cubrir sus necesidades vitales mínimas, para no agravar un procedimiento que afecta también a su salud y a su dignidad.

Por otra parte, en 2010 se recibieron numerosas quejas de afectados por los “swaps hipotecarios”.

Para la oficina del Defensor del Pueblo, que mantiene abierta una investigación de oficio sobre este asunto, estos productos financieros, que permutan los tipos de interés para cubrir un riesgo sobre un préstamo hipotecario, no son un instrumento de garantía para los clientes sino un producto especulativo que beneficia a las entidades financieras, puesto que incrementa el riesgo de forma desproporcionada.

Sanidad y política social

Tras la publicación en 2009 del monográfico sobre Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, el año pasado la institución del Defensor del Pueblo continuó recibiendo numerosas quejas contra este tipo de centros, sobre posibles tratos degradantes y humillantes hacia los menores, así como por supuestas malas prácticas en los programas de intervención.

En este contexto, destaca la labor realizada por la institución que dirige Mª Luisa Cava de Llano, que ha impulsado una guía de buenas prácticas, consensuada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En 2010 se elaboraron dos informes monográficos, uno sobre Agua y Ordenación del Territorio y otro sobre los contenidos a los que acceden los menores en televisión e Internet.

La Defensoría mantiene abierta una investigación sobre las disfunciones en el acceso a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud, que le ha permitido constatar la existencia de amplias listas de espera y significativas diferencias en cuanto a los criterios y requisitos establecidos por las comunidades autónomas.

Otras actuaciones de la Defensoría relacionadas con el ámbito de la Sanidad y la Política Social tuvieron que ver con la atención bucodental a las personas con discapacidad.

También se están investigando casos de personas nacidas con malformaciones originadas por la ingesta de sus madres del fármaco talidomida.

Migraciones e Igualdad de Trato

En 2010 se iniciaron cerca de 2.000 expedientes en materia de extranjería, lo que supone un incremento del 30 por ciento con respecto al anterior ejercicio. Entre las quejas más frecuentes recibidas por la Defensora del Pueblo (e. f.) destacan los problemas que encuentran muchos matrimonios entre ciudadanos nacionales y extranjeros a la hora de conseguir visados o las dificultades, cada vez mayores, para lograr la reagrupación familiar.

Dos de los problemas que más preocupan en la Institución, la situación de las víctimas extranjeras de trata y la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, protagonizarán dos de los informes monográficos previstos por la oficina del Defensor del Pueblo para el año que viene.

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

La Institución del Defensor del Pueblo presentó en 2010 a las Cortes un informe monográfico sobre “Agua y Ordenación del Territorio”. Una propuesta sistemática y detallada que propone a las administraciones un tratamiento integrado de los problemas del agua y del urbanismo, con el propósito de paliar los problemas de grave descoordinación detectados por la oficina del Defensor del Pueblo entre los niveles estatal, autonómico y municipal.

Además, el año pasado se realizó un intenso seguimiento de los problemas de vivienda, y también se estrechó la supervisión del control ambiental, especialmente en lo relativo a la opacidad mostrada por algunas administraciones a la hora de realizar la evaluación de los impactos medioambientales.

Educación y Cultura

El año pasado se presentó en las Cortes el informe “Programación y contenidos de la televisión e Internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos”.

Este monográfico, elaborado en colaboración con UNICEF sobre la base de una encuesta realizada a más de 3.000 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 18 años de secundaria, bachillerato y formación profesional, incluye recomendaciones a las autoridades públicas, a los prestadores de servicios audiovisuales y a las familias, para mejorar esa protección y corregir las deficiencias detectadas.

Por otra parte, el año pasado se inició una investigación de oficio sobre las carencias y deficiencias de las instalaciones escolares y también se emprendieron actuaciones para superar el déficit de plazas escolares y de solares para la construcción de nuevos centros en Marbella (Málaga).

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