El decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial designa a la cartera de Planificación como «organismo expropiante» y la instruye «para llevar adelante todos los actos y gestiones necesarios a tales fines».
El Parlamento argentino aprobó el pasado 17 de diciembre una ley que declaró a Aerolíneas y sus filiales empresas de «utilidad pública sujetas a expropiación», con lo que el Estado quedó habilitado para iniciar un juicio sumario para la expropiación de las empresas, informó El Mundo.
Cristina Fernández instruyó además a la Procuración del Tesoro a «presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que, los actuales accionistas mayoritarios» de Aerolíneas y sus subsidiarias «o aún terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad».
Asimismo, la presidenta ordenó al Ministerio de Planificación a elaborar un plan general de negocios para Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
Autorizó además a esta cartera a ceder a los trabajadores de Aerolíneas una participación accionarial de hasta un 10% una vez concretada la expropiación.
El Gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes, y el oficialismo en el Parlamento impulso la ley para habilitar la expropiación una vez que el grupo español se negó a que le paguen un «valor simbólico».
Marsans ha sostenido que considera la expropiación como una «confiscación arbitraria e ilegítima», porque contradice el acuerdo de julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.
