En el Senado se estudia la propuesta de crear una Ley que homologue los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Integrantes del Poder Judicial y académicos analizan la necesidad de construir un marco jurídico que establezca los principios, procedimientos y conceptos para emplear dichos mecanismos.

Como parte de los trabajos realizados rumbo a una reforma al Poder Judicial y bajo el principio de Parlamento Abierto, se realizó en el Senado de la República el “Ciclo de Conferencias: Mecanismos alternativos de solución de controversias.”

Allí se presentaron una serie de ponencias a distancia en la que expertas y expertos dialogaron sobre la construcción de un nuevo ordenamiento que dé certeza jurídica a estos mecanismos.

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, organizador del evento y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, destacó el alto nivel de los expertos en estas mesas. Ello, sumado a la participación ciudadana, ayudará a enriquecer el proyecto de reforma al Poder Judicial.

En su ponencia, la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf, recordó que los mecanismos pacíficos de resolución de controversias se caracterizan por implicar la participación directa de las partes afectadas en la gestión de sus conflictos, lo que permite una mayor flexibilidad en el procedimiento, facilita los acuerdos de las partes y el cumplimiento de los mismos.

La consejera estima que el principal objetivo de la nueva legislación debe ser la homologación de principios, procedimientos y conceptos para su funcionamiento en todo el país.

Una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias debe ser un marco de referencia para la adecuada adopción y aplicación de éstos. Su implementación ha de contribuir a la consolidación del sistema mexicano de mediación y, sobre todo, de la cultura de la paz.

Por otro lado, Loretta Ortiz Ahlf indicó que si bien la construcción de un marco legal en la materia está en proceso, su consolidación y homologación ha enfrentado inercias, intereses y protagonismos, los cuales han obstaculizado su desarrollo.

No existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables a la formación y certificación de mediadores lo que dificulta que el país comparta un lenguaje común sobre estos mecanismos, apuntó.

Además, sostiene que la legislación que finalmente sea aprobada, tendrá que establecer los principios y las bases de estos mecanismos entre los tres órdenes de gobierno, definir sus modalidades, instaurar criterios básicos de organización en los centros que se realicen y las competencias de los profesionales que a ello se dediquen, así como construir una política de difusión para que toda la ciudadanía conozca estas alternativas.

En su oportunidad, Luis Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario, manifestó la necesidad de ampliar los medios alternativos para la solución de controversias de los conflictos agrarios.

A su vez, destacó que la conciliación es una herramienta fundamental que privilegia el diálogo, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y además permite que las personas puedan afrontar de manera positiva sus conflictos.

Finalmente, Hernández Palacios explicó que la mediación de conflictos también puede funcionar como un mecanismo que impulsa el crecimiento y desarrollo de las comunidades, “pero en ningún momento se dejan de observar las reglas del debido proceso”.

Fuente: Prensa Senado de la República de México


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