La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas plantea que es necesario fortalecer empresas forestales comunitarias con una reforma fiscal.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, manifestó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias, por medio de reformas en materia fiscal.

El objetivo es retribuirles los diferentes beneficios que generan para las comunidades originarias.

La diputada sostiene que debe existir una diferencia en el régimen hacendario para aquellas compañías que impulsan a los pueblos nativos, y para las que sólo utilizan los recursos naturales y no compensan al medio ambiente.

Incluso,“se puede trabajar en una iniciativa de ley para que paguen más los que contaminan más, y para que reparen los daños que generen en las comunidades originarias”, añadió.

La diputada aseguró que la conservación de bosques es la solución a la pobreza que viven las comunidades autóctonas; y “además, con esa acción se orientaría una nueva relación entre el Estado, sociedad civil, grupos originarios y afromexicanos”, ilustró.

La representante señaló que es el momento oportuno para reflexionar sobre cuáles deben ser las sinergias para fomentar y fortalecer al sector.

Debe abordarse el marco jurídico en sus tres variantes: leyes de inversión, políticas públicas e incentivos fiscales. Es importante, subrayó Irma Juan Carlos, que esta legislatura establezca los cimientos para un verdadero fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, por medio de una conciencia institucional que escuche las demandas.

Debido a los incendios que afectan el Amazonas, durante el encuentro, la legisladora pidió guardar un minuto de silencio en solidaridad con las comunidades de Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú.

Por su parte, Roberto Antonio Rubio Montejo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, reconoció la labor de las casi 900 empresas forestales comunitarias del país que hacen esfuerzo diario por sostener esta lucha.

“Tienen nuestro absoluto respaldo, porque coadyuvan a mantener las zonas naturales, que son pulmones para nuestra nación; sin embargo, falta apoyo para que mejoren su capacidad tecnológica y sean más competitivas”, reseñó.

Por ello, la diputada de Morena, Martha Olivia García Vidaña, que ocupa el cargo de secretaria de la Comisión de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, pidió elaborar los proyectos de leyes junto con los comuneros y ejidatarios para lograr un marco jurídico para el bien de todas las comunidades y las empresas del sector primario, principalmente las del sector agrario-forestal.

García Vidaña destacó que este tipo de empresas comunitarias representan una actividad económica de gran relevancia en las zonas forestales del país ya que son importantes generadoras de empleo.

Finalmente, explicó que en el año 2002, cuando se modificó la Ley de Impuesto Sobre la Renta, derogando el régimen especial para el sector, se las ubicó dentro del régimen simplificado en el que sólo queda exento del pago por impuestos por el valor agregado.

“Queda incluido en el pago del ISR lo que significa hasta un 30 por ciento del valor de la producción”, evidenció.

Fuente: Cámara de Diputados, República de México