El senador Joel Molina Ramírez planteó establecer un régimen sancionatorio para los abogados que incurran en prácticas anti procesales y asociadas a la corrupción.

El Boletín oficial del martes 1° de octubre publicó la iniciativa de uno de los Senadores que propone establecer un régimen de sanciones contra aquellos abogados que, en el ejercicio de su profesión, incurran en prácticas calificadas como anti procesales y corruptas.

El titular de la iniciativa es el senador Joel Molina Ramírez, quien planteó establecer un régimen punitivo para quienes ejerzan la abogacía procesal de manera indebida, presenten testigos y documentos falsos o entorpezcan y distorsionen deliberadamente el proceso jurisdiccional.

Al presentar una iniciativa, suscrita también por el senador Ricardo Monreal, el legislador explicó que se busca que el abogado que incurra en ese tipo de faltas sea sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Conforme este proyecto legislativo, las sanciones que debería aplicar el Consejo de la Judicatura Federal van desde una amonestación verbal o escrita, suspensión temporal de ejercer la profesión o con la cancelación definitiva de la cédula profesional.

El Senador Molina Ramírez consideró que se trata de una reforma efectiva que sancionará sustancialmente a quienes incurren en prácticas anti procesales o de corrupción.

Además, puso en valor el aspecto ético del proyecto, por el cual se espera que brinde fuerte impulso a la ética profesional de los litigantes y erradique prácticas que perjudican la impartición de justicia.

Asimismo, destacó que la corrupción y las malas prácticas en el Poder Judicial no pueden atacarse únicamente señalando a jueces o funcionarios judiciales. La integridad del sistema judicial de un país también debe involucrar a quienes ejercen la abogacía y se relacionan cotidianamente con dichos funcionarios durante los procesos de impartición de justicia.

Señaló la importancia de la presencia de profesionales del derecho que actúen conforme a la ética, responsabilidad y honestidad. Dado que, cuando intervienen en los juicios, su actuación contribuye a reducir la corrupción dentro del sistema judicial y en la sociedad.

Consecuencia de todo lo expuesto, el impulsor de la iniciativa consideró indispensable que el CJF establezca las disposiciones que deberán seguirse en un procedimiento administrativo sancionador contra un abogado, a efecto de desarrollar las etapas del proceso, las garantías procesales, así como las instancias y medios de defensa que deban aplicarse.

Finalmente, cabe señalar que esta iniciativa, que adiciona un artículo 260 Bis a la Ley del Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Fuente: Cámara de Senadores, República de México