«Reclamo al Gobierno que corrija el proyecto de Ley de Justicia Gratuita porque sólo va a provocar perjuicios para los ciudadanos y entorpecer y estropear un servicio público ejemplar prestado por los abogados y sus colegios». Así de claro ha sido el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, en su discurso ante los decanos y las juntas de los 83 colegios de abogados de España después de la marcha en contra del proyecto.
Vestidos con togas, cerca de mil abogados han recorrido este jueves algunas calles del centro de la ciudad pasando por la Plaza de Cibeles hasta llegar al bulevar central, dónde se ha instalado una carpa para que los ciudadanos se acerquen a conocer el servicio de justicia gratuita y el turno de oficio. Después del discurso, Carnicer ha leído el Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita, que ha sido firmado por todos los decanos y será remitido al Gobierno y al Congreso de los Diputados.
En el manifiesto, los colegios solicitan que se garantice el cobro de de los honorarios de los abogados del turno de oficio y que se garanticen recursos económicos que hagan viable la ley, dos extremos que según los abogados no quedan cubiertos y amenazan el funcionamiento y la dignidad del Turno de Oficio. La marcha también ha servido para denunciar la burocratización que supondría para la justicia gratuita la nueva ley así como la desconfianza hacía el ciudadano que rezuma el texto, amenazando todo ello a un sistema de justicia gratuita y turno de oficio que Carnicer ha calificado de «magníficos».
En este sentido , Carnicer ha recordado este servicio es «una parte esencial del sistema constitucional de Justicia y debemos defenderlo frente a quienes pretende perjudicarlo de cualquier forma» y ha pedido ayuda a la ciudadanía para su defensa. «En tan desigual pelea, la Abogacía no puede estar sola”, ha asegurado .
Además, Carnicer ha destacado que la marcha ha contado con la presencia de los responsables del CGAE, de los 83 colegios de abogados de España y de los 10 consejos autonómicos de la abogacía, que en total representan a más de 250.000 colegiados.
Durante la marcha, también se ha mostrado el rechazo por el el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, entre otras normas que afectan a los ciudadanos y a los abogados.
Deberían habilitar mesas en las calles de toda España para facilitar que la ciudadanía pueda adherirse a la iniciativa de defender la justicia gratuita.
Si nuestros representantes no escuchan, será preciso cambiarlos por quienes realmente representen y defiendan el «interés general» que tanto invocan y no respetan en absoluto, si no es para proteger privilegios de «grupo».
¡Ya basta de abuso de poder!