“Como no han pagado sus impuestos sobre las ganancias extraordinarias, he ordenado que ya se efectúen las [medidas] coactivas en Repsol y Perenco”, informó Correa.

Bajo la ley ecuatoriana, medidas coactivas significan que el estado tiene la potestad de incautar temporalmente activos y congelar cuentas bancarias para forzar a una compañía a pagar deudas pendientes, dijo a la agencia Reuters un funcionario del Gobierno.

El funcionario, quien pidió no ser identificado, dijo que las compañías aún deben ser notificadas de la decisión y que tendrán tiempo de saldar sus deudas antes que el Gobierno tome medidas.

Correa admitió que esa decisión le acarreará conflictos con los gobiernos de España y Francia, pero remarcó que la medida era “inevitable” para impedir que “ciertas compañías se burlen del país”.

“Tenemos que confrontar los abusos”, advirtió el mandatario, que dijo ser consciente de que el Gobierno tiene “muchos frentes abiertos” y manifestó su voluntad de profundizar en las reformas: “Señores, o cambiamos este país o prefiero irme a mi casa”, afirmó.

Explicó que la medida de coacción obedece también a la actitud de las dos petroleras para acelerar la renegociación de los actuales contratos de participación por otros de prestación de servicios, que le interesa a Ecuador.

“Esos contratos de participación eran un saqueo”, añadió Correa, por considerar que ellos permitían que las petroleras que operan en el país pagaran una cuota establecida en los convenios, pero no decían nada sobre las ganancias extraordinarias por el alto precio del crudo en los mercados internacionales.

Correa recordó que en 2007 promulgó un decreto ejecutivo que establecía que el 99% de esas ganancias extraordinarias vayan al Estado y el 1% a las compañías, que seguían recibiendo las cuotas porcentuales establecidas en los contratos.

En los “cuatro o cinco años de los precios del petróleo, extremadamente altos, no nos dieron ‘dos reales’ de esas ganancias extraordinarias y se llenaron sus bolsillos”, y por ello se promulgó el decreto denominado “99-1”, añadió el gobernante.

Algunos analistas y los directivos de las petroleras consideraron como “exagerado” el reparto para el Estado y por ello algunas petroleras demandaron a Ecuador en tribunales internacionales, aunque muchas de esos procesos se han eliminado, recordó Correa.

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