La moción se ha votado en dos partes, ambas rechazadas.

En la primera de ellas, en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones jurídicas y políticas necesarias para anular la sentencia a Companys, ERC ha contado con el respaldo de CiU, el PNV, IU-ICV y varios miembros del grupo mixto (BNG, CC y NaBai), mientras que han votado en contra PSOE, PP, UPyD y UPN.

El segundo punto, que demanda la modificación de varias leyes -incluida la de Memoria Histórica- ha contado con los votos a favor de ERC-IU-ICV, PNV, BNG, CC y NaBai, los votos en contra de PSOE, PP, UPyD y UPN, y la abstención de CiU.

La moción es consecuencia de una interpelación realizada la semana pasada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien aseguró que el Gobierno ya procedió a la reparación de la figura de Companys hace un año, y ha recordado que la Ley de Memoria Histórica declara ilegítimas las condenas impuestas por el franquismo por motivos ideológicos o políticos.

Caamaño explicó al diputado de ERC Joan Tardà, durante la interpelación, que la declaración de ilegitimidad va más allá que la petición de nulidad que reclama ERC.

ERC, no obstante, presentó esta moción en la que proponía modificar hasta cuatro leyes para lograr la anulación de la sentencia contra el ex presidente de la Generalitat y reparar su honor, al entender que dicha reparación no se ha producido aún.

Una de las leyes que se cambiaría es la Ley de Memoria Histórica, en cuyo articulado se especificaría que las sentencias dictadas en su momento por los tribunales del franquismo son “inexistentes y nulas de pleno derecho, sin que subsista apariencia alguna de legalidad o validez”.

Además, ERC hacía hincapié en la conveniencia de que se ponga en marcha el procedimiento necesario para que el Consejo de Ministros expida el certificado de nulidad correspondiente. Otras normas que Esquerra quería cambiar son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Procesal Militar y del Poder Judicial.

El PSOE, a través de Daniel Fernández, ha subrayado que la Ley de Memoria Histórica ya incluye la ilegitimidad de las condenas del franquismo, y ha recordado que la familia de Companys solicitó la reparación de la figura del ex presidente catalán, algo que le fue otorgado.

Ha reiterado, en este sentido, que en un sistema democrático “no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad”, y por eso el PSOE no respaldará la iniciativa.

Jorge Fernández Díaz, diputado del PP, ha rechazado la propuesta y, más allá del debate sobre ilegitimidad o nulidad, ha recordado que el Constitucional y el Supremo se han posicionado sobre la imposibilidad legal de atender a las peticiones de ERC. “La mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, interpretada, aplicada y desarrollada con el espíritu de concordia, reconciliación y consenso que permitió su aprobación, todo lo contrario del espíritu con el que viene esta iniciativa”, ha asegurado.

Sí ha respaldado la moción el PNV, en cuyo nombre Aitor Esteban ha opinado que puede haber muchos descendientes de represaliados que además de la ilegitimidad quieran tener la nulidad de las sentencias que condenaron a sus antepasados.

Jordi Xuclà, desde CiU, ha agregado que en ningún caso la vía administrativa -la aprobación en el Consejo de Ministros- debe ser suficiente para emitir los certificados de nulidad, sino que debe hacerlo el poder judicial.

En este sentido, ha anunciado que CiU ha registrado una proposición no de ley instando a que el Fiscal General el Estado dé instrucciones para expedir estos certificados de nulidad a instancia de parte.

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