Ambos son los únicos acusados en el ‘caso Tabacalera’ cuyo juicio está fijado para el próximo 14 de abril, según la sentencia dictada por el TC el pasado 23 de marzo.

El Constitucional concluye que el recurso de amparo es «subsidiario» al proceso penal por lo que un pronunciamiento por su parte «resulta prematuro», y antes debe haber una «resolución firme».

La sentencia recuerda que «la celebración del juicio oral no ha tenido lugar», por lo que otorga «la posibilidad a los óganos judiciales de pronunciarse sobre tales vulneraciones antes de acudir en petición de amparo».

En este sentido, el TC explica que «el demandante de amparo tiene todavía la ocasión de plantear, en la sede judicial ordinaria, la vulneración de derecho fundamental, invocado ante el TC, y tiene también la posibilidad de que la queja sea apreciada».

Alierta y Plácer presentaron recurso de amparo ante el TC contra el auto dictado el 10 de mayo de 2006 por el Tribunal Supremo, que rechazó otro incidente de nulidad presentado contra la decisión de este tribunal de declarar recurrible en casación el auto dictado el 17 de noviembre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid, que archivó el ‘caso Tabacalera’ por prescripción del delito.

El Tribunal Supremo ordenó en junio de 2007 al juez instructor reabrir el ‘caso Tabacalera’, así como la celebración de juicio oral al estimar los recursos de casación presentados por la asociación Auge y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, concluyó la instrucción del procedimiento abreviado el pasado mes de mayo y remitió el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló la apertura de juicio oral para el próximo 14 de abril.

El presidente de Telefónica y su sobrino están acusados de un presunto delito de uso de información privilegiada durante una operación de compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, que generó unas plusvalías de 1,86 millones de euros.

El ‘caso Tabacalera’ comenzó a raíz de la querella presentada por Auge, que acusó a Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

Desde entonces, cinco instancias distintas archivaron la causa en diferentes ocasiones. Primero fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 1998), la Fiscalía General del Estado (2002), por dos veces el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid (2003) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006).

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