Representantes de los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), de CC.OO., UGT y de Nueva Rumasa acordaron ayer diversas medidas para intentar salvar las empresas del grupo de la familia Ruiz-Mateos y los puestos de trabajo. Entre ellas, está la de aplicar ERE temporales en aquellas empresas que aún no han entrado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Esta medida sería, en principio, durante seis meses

En un clima que todas las partes presentes han calificado de “constructivo”, se ha podido avanzar en la búsqueda de soluciones que hagan viable la continuidad de cada una de las empresas, a través de las medidas que la legislación laboral permite en situaciones como las que está atravesando el grupo, y que pueden ser aprobadas por la autoridad laboral competente (Ministerio de Trabajo o Comunidades Autónomas según donde se sitúen los centros de trabajo afectados) antes de la intervención de los Juzgados Mercantiles. Se trataría de medidas coyunturales y temporales como la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo.

En este sentido, las centrales sindicales CC OO y UGT se han comprometido a elaborar un borrador de Acuerdo global que pueda canalizarse en las distintas empresas y que presentarán mañana mismo a la dirección de Nueva Rumasa.

Para el director general de Trabajo Raúl Riesco “las medidas que contemple el Acuerdo servirán para que no aumenten las deudas de las empresas y para que los trabajadores puedan acceder al cobro de prestaciones por desempleo y al abono, a través del FOGASA de las cantidades adeudadas”, con el objetivo final de contribuir a la viabilidad de las empresas y al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Por su parte, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, adelantó que esta misma semana presentarán concurso de acreedores para las cuatro bodegas que tiene en Cádiz y para Hibramer (industria de huevos), con lo que se elevarán a diez las sociedades de la familia en suspensión de pagos (junto con Dhul, Carcesa, Clesa, Cacaolat y Quesería Menorquina). También dijo que «nuestro principal error» ha sido no haber despedido a nadie en estos tres años de crisis «descomunal». Por el contrario, «se han incorporado 2.500 trabajadores más».

Han precisado que enviarán a Nueva Rumasa un borrador que establezca estos Expedientes de regulación temporal de 180 días -6 meses-, aplicables en un plazo máximo de un año, y que no consumirán prestación por desempleo si posteriormente no se presentase un nuevo expediente. Según han explicado, el acuerdo se dirige a las compañías que aún no han entrado en concurso de acreedores, mientras que el objetivo para las actualmente concursadas es que los jueces sean sensibles a la aplicación de este acuerdo alcanzado hoy entre sindicatos, empresas y Gobierno, y no opten por la extinción de los contratos.

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