Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación pro Derechos Humanos de España, entre otras muchas organizaciones, han presentado un manifiesto en el que defienden que «resulta ciertamente preocupante que nuestros responsables políticos hayan acordado la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los Derechos Humanos surja solamente ante los poderosos».
Las asociaciones pro derechos humanos han subrayado que la iniciativa para limitar la justicia universal no surgió cuando se abrieron causas en la Audiencia Nacional contra los genocidios en Ruanda, El Salvador o Guatemala, sino precisamente cuando los jueces centrales de instrucción han aceptado iniciar procedimientos contra China, Israel o Estados Unidos (por el centro de detención de Guantánamo).
En este sentido, el abogado Gonzalo Boyé ha afirmado que «ha habido presiones indebidas de Israel para cambiar la legislación», y su colega Carlos Iglesias ha asegurado que China «ha ofrecido un intercambio de prebendas económicas».
La Audiencia Nacional mantiene 13 causas abiertas en aplicación del artículo 23.2 de la Ley del Poder Judicial, que dispone que los tribunales españoles serán competentes para enjuiciar determinados delitos -principalmente, crímenes de lesa humanidad- aunque los cometan extranjeros fuera de España y las víctimas no tengan ninguna relación con nuestro país.
Aprovechando el trámite de enmiendas a la ley de reforma de la Oficina Judicial, PSOE y PP pactaron limitar el alcance de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que existiese, al menos, algún «elemento de conexión» con la jurisdicción española.
Aunque esa reforma no podrá aplicarse con efecto retroactivo por imperativo constitucional y no afectará a las causas que ya están abiertas en las que falta ese «elemento de conexión» -por ejemplo, la de los bombardeos de Gaza-, sí establece un límite que no podrá rebasarse en el futuro.
El abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE y uno de los grandes impulsores en España de la justicia universal, ha explicado que la nueva normativa provocaría la «impunidad» de crímenes gravísimos en países que no reconocen al Tribunal Penal Internacional -cuya efectividad, ha subrayado, es no obstante «muy limitada»- o en los que no es posible una investigación judicial verdaderamente eficaz.
