La sentencia condena también al jefe de Inteligencia de entonces, Fernando Werplatzen, a 25 años de prisión, al general a Osvaldo García a 18 años de cárcel, a los oficiales Raúl Jarcich y César Fragni a ocho años cada uno, y al comisario Alberto Aneto a 14 años de privación de libertad.

La resolución establece que todos los acusados, incluido Riveros, deben cumplir la pena de forma efectiva en la cárcel de Marcos Paz.

El veredicto supone un símbolo de las actuaciones contra sucesos ocurridos en el área militar de Campo de Mayo, convertida en emblema de la represión dictatorial. El fiscal Julio Strassera llegó a calificar la muerte de Avellaneda de ejemplo paradigmático del terrorismo de Estado.

El juicio representa el primero de los aproximadamente 40 que se llevarán a cabo para esclarecer las responsabilidades de Campo de Mayo, donde fueron trasladadas en torno a medio millar de personas.

Riveros no reconoció los hechos juzgados y se declaró inocente durante la vista celebrada ayer por la mañana, antes de la lectura de la sentencia. Además, puso en duda que fuese procesado por «jueces de la democracia» y criticó el «concepto de crímenes de lesa humanidad», ya que entiende que ha sido importado de otros países.

La Cámara Federal, no obstante, ya consideró probado en 1985 que el joven fue secuestrado y torturado para que revelara el paradero de su padre, militante político. La represión también secuestró y torturó con el mismo objetivo a la madre de Avellaneda, Iris Pereyra, que relató al comienzo del juicio cómo los militares irrumpieron en su vivienda y les tomaron como rehenes «en represalia» por la huída de su marido.

Las autoridades militares pusieron a la mujer a disposición del órgano ejecutivo y sobrevivió al cautiverio, pero su hijo apareció muerto un mes después del secuestro frente a la costa uruguaya del Río de la Plata.

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